"La Ley de Montoro deja a los alcaldes solo para ir a la misa de la patrona"

El portavoz del PSOE, Óscar López, critica la ley territorial del gobierno y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, le responde que va a enviar un "informe crítico" al ejecutivo central.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado en el Pleno de las Cortes que ha arrancado este martes que en esta semana, "tal vez mañana", el Gobierno regional enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe en el que se analiza de forma "extensa" el anteproyecto de Ley de Racionalizacón y Sostenibilidad de la Administración Local en el que se señala la "necesidad" de introducir a la norma "realismo, flexibilidad y plazos más ajustados".

  

Herrera ha respondido de esta manera a sendas preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar López, y el procurador de UPL, Alejandro Valderas, en torno a la reforma de la administración local con la que, en palabras de López, el Gobierno central se "ha equivocado profundamente", por lo que ha tendido la mano a la Junta para impulsar un "frente común" ante el "desastre" planteado.

  

No obstante, Herrera, tras recordar los "retrasos" en torno a esta norma después de que en 2004 el Gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometiera a abordar la financiación local de forma paralela a la autonómica, ha avanzado que la Junta remitirá una "valoración extensa y crítica en muchos aspectos".

  

El presidente de la Junta ha reiterado que la Junta solicitará además la convocatoria de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales que, a su juicio, es el "foro apropiado para debatir estos aspectos".

  

"En cualquier caso  se trata de una reforma necesaria, de la que todos hemos hablado", ha señalado, tras lo que ha mostrado su respaldo a los principales objetivos planteados por la misma y que se centran en clarificar competencias, evitar duplicidades y establecer principios de control financiero, por lo que, como ha destacado, no se trata de crear un "frente común" contra la Ley sino de hacer un trabajo conjunto para "mejorar aspectos manifiestamente mejorables" de este proyecto.

  

Por su parte, el portavoz del PSOE ha confiado en que "por una vez" el Gobierno de Madrid haga caso a Herrera y "retire el proyecto", algo que, en esta ocasión, ve "factible" porque el Ejecutivo se da cuenta de lo "lesiva" que es la norma para lo local.

  

López ha lamentado que se culpe de la crisis a los ayuntamientos cuando les corresponde únicamente el cuatro por ciento de la deuda y, de ellos, el 25 por ciento de la misma procede de Madrid, lo que evidencia que el problema "no están en los pequeños ayuntamientos", por lo que ha exigido hacer un "frente común" con una voz "clara, contundente y nítida contra el proyecto".

  

"Dijo que no quería una ley que dejara a los alcaldes para ir a la misa de la patrona, soy incapaz de definir mejor la Ley de Montoro", ha concluido.

  

Frente a esta argumentación Herrera ha recordado que el PSOE en su programa electoral apostaba por la "fusión numantina" de los municipios e incluso citó un acto de Ramón Jaúregui el 25 de octubre en Valladolid en el que abogaba  por suprimir municipios de menos de 1.000 habitantes "ante el silencia de López".

  

Tras esta consideración, el presidente de la Junta no ha ocultado que, a su juicio, la reforma necesita "mayores dosis de sensibilidad" para valorar la "importancia del municipalismo" y reconocer la "mínima responsabilidad" de las entidades locales en los desequilibrios por su "tradicional austeridad". "La reforma necesita más dosis de realismo y flexibilidad acomodada a una tierra como esta, definición de competencias impropias, y plazos más ajustados a la realidad acomodarse nuevas exigencias de contabilidad", ha concluido.

  

Por su parte, el procurador de UPL se ha interesado por la medidas que prevé impulsar la Junta para evitar la desaparición de las Juntas Vecinales ante lo que Herrera se ha referido al informe que se presentará próximamente en el que se opondrán a que el proceso de evaluación de las competencias se aplique en un plazo de "tres meses", y prima el "principio de solidaridad".

  

Para cerrar el debate, Valderas ha considerado que determinados aspectos de la normativa propuesta por el Gobierno central "invade" las competencias de Castilla y León sobre la legislación de las juntas vecinales. "Es necesario que se impugne la invasión de competencias que hace el Gobierno central", ha concluido.