La justicia gratuita sĂłlo se podrĂĄ utilizar un mĂĄximo de tres veces cada aĂąo

Se ha detectado un exceso de litigiosidad utilizando este servicio para recurrir multas de trĂĄfico

La reforma de la Ley de Asistencia JurĂ­dica Gratuita que estĂĄ preparando el Gobierno prevĂŠ que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio, lo puedan hacer un mĂĄximo de tres veces al aĂąo, salvo que se acredite que no hay abusos. Este principio no regirĂĄ para la vĂ­a penal, que no tendrĂĄ un tope de utilizaciĂłn, segĂşn informaron a Europa Press fuentes del Gobierno. Toda esta reforma estĂĄ supeditada a alcanzar un acuerdo con las Comunidades AutĂłnomas.

El Ministerio de Justicia ha realizado ya un borrador con el que se modifica la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia JurĂ­dica Gratuita. El departamento que dirige Alberto Ruiz GallardĂłn ha remitido este texto a las CCAA para recabar sus opiniones, teniendo como objetivo lograr "una Justicia gratuita mĂĄs justa", tal y como afirmĂł el pasado lunes el ministro en el Congreso de los Diputados, donde compareciĂł para defender la nueva Ley de Tasas Judiciales.

El Ejecutivo ha detectado que se producen casos de abusos en la utilizaciĂłn de este servicio, que supone al aĂąo un coste anual de 269 millones de euros para el erario pĂşblico. Entre otros casos, se ha constatado un exceso de uso en los procedimientos para recurrir multas de trĂĄfico.

Por ello, en el borrador que ha redactado el Ministerio de Justicia para modificar la citada norma, incluye una serie de medidas que limitan la utilizaciĂłn de este servicio aplicando la presunciĂłn del 'iuris tantum', segĂşn el cual se aplicarĂĄ una presunciĂłn de abuso para todas aquellas solicitudes que excedan de tres al aĂąo, salvo que se acredite que hay un legĂ­timo derecho por concurrir razones especiales. AdemĂĄs, si el ciudadano que ha utilizado ya en tres ocasiones un abogado de oficio es demandado, podrĂĄ volver a recurrir a la justicia gratuita si reĂşne los requisitos para ello. Esta limitaciĂłn se aplicarĂĄ a los procedimientos civiles, contenciosos y en la jurisdicciĂłn social, pero no se aplicarĂĄ en la jurisdicciĂłn penal, para la que no se establecen topes de utilizaciĂłn.

AUMENTAR EL NUMERO DE BENEFICIARIOS
No obstante, el Ministerio tambiĂŠn se ha propuesto elevar el nĂşmero de personas que puedan ser usuarios de este servicio y para ello, ha propuesto elevar el umbral de ingresos, que pasarĂĄ de 2 veces el Salario MĂ­nimo Interprofesional a 2,5 veces el Indicador PĂşblico de Renta de Efectos MĂşltiples (IPREM).

Es decir, que los ciudadanos con unos ingresos inferiores a 15.975 euros anuales podrĂĄn acceder a un abogado de oficio, mientras que hasta la fecha sĂłlo lo podĂ­an hacer los que ingresaran menos de 14.910 euros en cĂłmputo anual.

Con el nuevo umbral, el coste total podrĂ­a elevarse entre cinco y diez millones de euros, segĂşn explicaron a Europa Press fuentes ministeriales, es decir, hasta los 275 o 280 millones, sin embargo, esta no es una cifra cerrada ya que tampoco hay una estadĂ­stica exacta del nĂşmero de personas que lo podrĂ­an utilizar. AdemĂĄs, en la reforma se incluyen otras medidas con las que se podrĂ­a ahorrar hasta un 20 por ciento de este coste.

En el borrador que ha remitido el Ministerio a las CCAA tambiĂŠn se aborda el problema que tienen algunas regiones por los retrasos en los pagos a los Colegios de Abogados, que se traducen en una demora en el pago a los abogados de oficio.

Por ello, se ha incluido un planteamiento que trata de dar satisfacciĂłn a este problema, contemplando la posibilidad de que sea el Ministerio de Justicia quien pague, con cargo a parte de lo recaudado por las tasas, a las CCAA. El mecanismo consistirĂ­a en que los Colegios de Abogados emitirĂ­an sus recibos a las CCAA, que a su vez librarĂ­an las certificaciones al Ministerio de Justicia y ĂŠste las pagarĂ­a a la administraciĂłn autonĂłmica, que a su vez, realizarĂ­a el pago a los Colegios.

Esto, segĂşn las fuentes consultadas, no supondrĂĄ ninguna devoluciĂłn competencial, ya que las regiones mantendrĂĄn la gestiĂłn de la justicia gratuita, pero sĂ­ pretende agilizar los pagos y garantizar la viabilidad del servicio.

CONTROL DE LAS APORTACIONES DEL ESTADO
El borrador contempla el control de las aportaciones del Estado para pagar a los abogados de oficio, mediante la colaboraciĂłn con las entidades colaboradoras, las CCAA, los colegios de abogados y la intervenciĂłn general del Estado.

Otra de las novedades que se han incluido en el texto es la mediaciĂłn intrajudicial, con el objetivo de agilizar el sistema. Significa que la nueva Ley recogerĂĄ esta opciĂłn que ya se contempla en la Ley 5/2012 de MediaciĂłn de Asuntos Civiles y Mercantiles.

Con esta vĂ­a, en la que es el juez quien propone a las partes que lleguen a la mediaciĂłn, se prevĂŠn solucionar conflictos sin necesidad llegar a que celebrar un juicio, con lo que se ahorran costes y litigiosidad. Las partes que acudan a esta mediaciĂłn seguirĂĄn teniendo abogado de oficio.

El Ministerio tiene previsto recabar primero las opiniones de las CCAA sobre esta propuesta para modificar la Ley de Justicia Gratuita, con las que entablarĂĄ un diĂĄlogo, antes de llevar un texto al Consejo de Ministros.