La justicia europea ve ilegal la norma espaĂąola establecida para los desahucios

Al no existir en el derecho de la UE una armonizaciĂłn de las medidas de ejecuciĂłn forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley espaĂąola de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protecciĂłn eficaz de los consumidores frente a posibles clĂĄusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

El dictamen de la abogada general responde a una cuestiĂłn presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzĂł su expulsiĂłn de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

El ciudadano en cuestiĂłn solicita que se declare nula una de las clĂĄusulas del prĂŠstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecuciĂłn hipotecaria sea considerado tambiĂŠn nulo.

En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonizaciĂłn de las medidas de ejecuciĂłn forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

No obstante, el dictamen precisa que la regulaciĂłn procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocaciĂłn de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las clĂĄusulas contractuales abusivas.

En este sentido, la abogada general estima que "la regulaciĂłn procesal espaĂąola es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protecciĂłn que ĂŠsta persigue".

"No constituye una protecciĂłn efectiva contra las clĂĄusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raĂ­z de dichas clĂĄusulas, deba soportar indefenso la ejecuciĂłn de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pĂŠrdida de la propiedad que la acompaĂąa y el desalojo, y que sĂłlo con posterioridad estĂŠ legitimado para ejercitar la acciĂłn de daĂąos y perjuicios", resalta Kokott.

Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carĂĄcter abusivo de las clĂĄusulas de su contrato de prĂŠstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecuciĂłn forzosa".

La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecuciĂłn forzosa hasta que se haya comprobado el carĂĄcter abusivo de una clĂĄusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situaciĂłn que posteriormente sea de muy difĂ­cil o imposible reparaciĂłn.

El dictamen de la abogada general no tiene carĂĄcter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictarĂĄ en un momento posterior.