La justicia considera "desproporcionados" los 17 millones de euros que pide Fuentebuena al Ayuntamiento de Ávila

Jesús María Sanchidrián, Héctor Palencia y Raquel Arribas.

La sentencia del fallido 'Plan Naturávila' presentada este viernes reconoce el derecho de la entidad a una compensación económica pero la Jueza considera "injusta y despropocionada" la cifra propuesta, por lo que la cuantía final se fijará cuando se ejecute la sentencia.

Según el convenio denunciado, la empresa Alter Inmuebles cedió al Ayuntamiento una parcela rústica. A cambio, el consistorio debía promover una reclasificación urbanística como compensación, cosa que realizó y fue aceptada por dicha empresa, si bien fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 

En virtud de este convenio, el Ayuntamiento obtuvo una parcela rústica de 190.000 metros cuadrados para su reclasificación y urbanización y posterior implantanción del modelo Cylog. Desde el consistorio aseguran que la parcela que se cedió al Ayuntamiento por parte de la empresa Fuentebuena tenía un valor de adquisición en el año 2004 de 811.365 euros.

 

Reconocen desde el consistorio que la denuncia del convenio tiene razón de ser, debido a la imposibilidad de materializar el aprovechamiento urbanístico que debería corresponder a la empresa Alter Inmuebles SL, Fuentebuena S.L en el marco de la modificiación del PGOU, que resultó anulada pese a que el Ayuntamiento había cumplido con los compromisos. Aunque según se señala en la sentencia, esa cantidad pedida por el demandante, que asciende a 17,2 millones de euros, es desproporcionada. 

 

Ante esto, el Ayuntamiento admite que debe pagar por dicho incumplimiento aunque debe ser "un precio justo". Por eso, para calcular la compensación recalcan que se debe tener en cuenta el valor de la parcela cedida, cuyo precio ascendía a 811.365 euros en el momento de su cesión. 

 

Asimismo, la sentencia declara el incumplimiento del convenio por causas objetivas no imputables a ninguna de las partes y estima parcialmente la demanda en la medida que reconoce el derecho de esta entidad a una compensación económica, cosa que el Ayuntamiento "ha reconocido y admitido desde el principio", han destacado.

 

Finalmente la sentencia reconoce que el Ayuntamiento ha actuado en defensa de los intereses generales, ya que según el Teniente Alcalde de Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Turismo, Héctor Palencia, el consistorio actuó así porque más de 500 familias abulenses dependían de estos terrenos para dar viabilidad a la empresa NISSAN y por tanto, estaban en juego "el manteninimiento de estos puestos de trabajo", ha concluido.

 

Documentos relacionados