La Junta reduce la burocracia para ahorrar 134 millones de euros en costes

La Consejería de Hacienda ha eliminado o simplificado 275 trámites en los últimos cinco años
Las cargas administrativas son todas aquellas gestiones que están obligadas a realizar las empresas en su relación con las autoridades. Entre ellas figuran algunas tan habituales como la solicitud de autorizaciones y licencias, la inscripción de determinados actos jurídicos en los registros públicos o la presentación de cuentas.

La burocracia tiene un elevado coste para los propietarios de un negocio. De hecho, se estima que oscila entre los 6.000 y los 30.000 euros anuales, dependiendo del tamaño de la compañía. La Unión Europea ha impuesto a los estados miembros el mandato de rebajar esa factura con un doble objetivo: por un lado, propiciar que las empresas ya existentes reinviertan los recursos que ahorran, y por otro, ayudar a que surjan nuevos proyectos.

En cumplimiento de este precepto, el Gobierno de España aprobó un Plan Nacional de Reducción y Eliminación de Cargas Administrativas para el periodo 2007-2012, que establecía como meta abreviar o suprimir el 30 % de los trámites. La Junta de Castilla y León asumió este compromiso como propio, y también fue adoptado como prioridad por el Consejo del Diálogo Social, que aprobó un programa de acción para impulsarlo el 6 de mayo de 2010.

La Consejería de Hacienda hace público hoy el primer avance de resultados de ese plan quinquenal. La conclusión es que las modificaciones en 275 procedimientos administrativos autonómicos han generado un ahorro de 134 millones de euros a los emprendedores y las empresas, cifra que equivale al 0,23 % del Producto Interior Bruto de la región. Este cálculo se ha realizado de acuerdo con el llamado Modelo Coste Estándar que utiliza la Unión Europea, que ha sido elaborado y acordado para todas las administraciones públicas españolas. En esencia, consiste en asignar una valoración económica fija a cada medida de reducción o eliminación que se lleva a cabo.

208.000 solicitudes de agricultores y ganaderos, por internet

Entre los 275 procedimientos que se han simplificado destacan los dirigidos a aliviar las cargas a las que se enfrentan los agricultores y ganaderos de la Comunidad, el sector turístico y los beneficiarios de la promoción empresarial a través de la ADE. Gracias a la teletramitación, por ejemplo, 111.221 personas se han dado de alta electrónicamente en el Registro de Beneficiarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería. De la misma manera, 96.787 solicitudes únicas de pago directo de la PAC se han efectuado a través de internet.

En la misma línea, ha desaparecido la obligación de aportar datos que la Administración puede consultar electrónicamente -como el DNI o el cumplimiento de las obligaciones tributarias-, lo que ha evitado que los usuarios tuvieran que presentar una decena de documentos distintos para trámites como la petición de préstamos reembolsables de la ADE, o la declaración de interés sanitario de determinados actos de carácter científico o técnico en la Consejería de Sanidad.

Otros pasos en este camino hacia la simplificación han sido la eliminación de algunos trámites sometidos a autorización previa, la sustitución de autorizaciones por declaraciones responsables -para el inicio de la actividad de las agencias de viajes, los alojamientos de turismo rural y los establecimientos de restauración, por ejemplo-, y la supresión de las copias compulsadas de documentos en los procedimientos afectados por la Directiva de Servicios y otros como la calificación provisional de viviendas de protección pública y las subvenciones para el fomento y difusión de la economía social.

Por último, se han rebajado los plazos máximos de resolución de expedientes, e incluso, se han establecido procedimientos de respuesta inmediata, entre los que destaca la solicitud de alta en el Registro de Beneficiarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Más ahorro en el futuro

Futuros proyectos legislativos darán nuevo impulso y continuidad a este proceso, como la normativa sobre depósito legal que prepara la Consejería de Cultura y Turismo; la simplificación en la publicación de los anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León; la futura Ley de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León; o la implantación de la factura electrónica, que supondrán un ahorro adicional.