La Junta pone en marcha un programa pionero en España para apoyar a familias en riesgo de desahucio

Trata de evitar el alzamiento de la vivienda con planes económicos, reestructuración de deuda o, en su caso, soluciones "paliativas"
La Junta de Castilla y León pondrá en marcha a partir de este jueves, 1 de noviembre, un servicio pionero en España para el apoyo a las familias que se encuentren en riesgo de desahucio y tratar de evitar el alzamiento de la vivienda o, en su caso, proporcionar soluciones "paliativas".

En el Servicio de Apoyo Integral a las familias en Riesgo de Desahucio participarán varias consejerías de la Junta, los 15 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Cáritas y diez entidades financieras que colaborarán para buscar soluciones a la situación de estas personas y tratar de evitar la pérdida de sus bienes a través de planes económicos, la reestructuración de deuda o incluso la dación en pago.

Así lo explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien compareció junto al presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel Nieto, y al presidente de Cáritas, Rafael del Río, tras participar en una reunión que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, mantuvo con los participantes en este programa.

Marcos explicó que se trata de una iniciativa, la primera de estas características en el país, que trata de aglutinar a todas las entidades que en algún momento participan en una situación de desahucio que afecta a muchas familias "plenamente integradas" social y económicamente pero que se encuentran ante estos problemas como consecuencia de la crisis.

En concreto, durante 2011 se produjeron en la Comunidad 3.027 desahucios, mientras que sólo en el primer semestre de 2012 ya se han contabilizado 2.297 alzamientos hipotecarios, con una tasa de un 1,18 de cada mil ciudadanos afectados (la media española es de 1,23). En la Comunidad, aunque la situación es menos complicada que la media del país, la tasa de demandas de ejecución hipotecaria iniciadas por las entidades financieras casi se ha triplicado desde 2007, al pasar de 3,5 ejecuciones por mil habitantes a nueve el pasado ejercicio. Así, se han producido más de 7.000 desahucios en Castilla y León, lo que habría impactado en siete de cada mil familias de la Comunidad.

Así, la Junta ha diseñado un programa que intenta avanzar desde la fase preventiva, cuando una familia tiene un sobreendeudamiento, mediante la ayuda a ésta a desarrollar planes económicos que haga cambiar sus hábitos de gasto diarios, pero también mediante la interlocución con las entidades financieras para evitar el desahucio y hasta las "soluciones paliativas" que se pudieran contemplar en caso de que se produjera.

ACCESO MEDIANTE EL 012
Para ello, la "puerta de entrada" será el teléfono 012, a través del cual se podrá pedir cita previa para acudir a una de las 24 oficinas que se pondrán en marcha en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad (15) y las nueve diputaciones provinciales, que se encargarán de asesorar para elaborar estos planes económicos y a contactar con la Gerencia de Servicios Sociales, algo que muchas de estas familias nunca han necesitado.

Por su parte, las entidades financieras se comprometen a poner un interlocutor único para hablar con la Consejería de Familia y tratar de buscar soluciones concretas a cada caso como planes de reestructuración de la deuda cuando sea posible, la rebaja de la cuota con un periodo de carencia, el pago de un alquiler que cubra parte de la hipoteca o incluso la dación en pago. En el último de los casos, si el desahucio llegara a producirse, se trataría también de buscar algunas "soluciones paliativas" como recursos sociales, Renta Garantizada de Ciudadanía, programas de apoyo, pisos de alquiler social u otros recursos.

Es decir, de la fase previa a la paliativa pasando por la interlocución, ha explicado Milagros Marcos, quien cuenta con organizaciones como Cáritas para que detecte y ponga en conocimiento de la Consejería los casos que pueda encontrar. Con este servicio "integrado y coordinado" se pretende que todos los actores tengan definido un papel y un protocolo concreto con una "única puerta de acceso" que será el teléfono 012.

Tras acceder al sistema, se pasaría a una fase de información y orientación en las oficinas locales, para después pasar a la interlocución con las entidades financieras y, finalmente, llegar a una fase de solución o cierre.

Marcos aclaró que no son "soluciones milagrosas" pero sí las soluciones "más adecuadas" a cada caso, de forma que si con las medidas preventivas de planes económicos para las familias que les permita hacer frente a sus gastos no se logra una solución, el caso iría a las oficinas centrales de la Gerencia de Servicios Sociales para hacer un cálculo económico y ver posibles reestructuraciones de deuda y una posterior interlocución con las entidades financieras.

En el Servicio, además de las consejerías de Economía y Empleo, a través de los servicios de orientación de empleo, la de Fomento y Medio Ambiente con el área de vivienda, y la de Familia, también forman parte del proyecto los colegios de Registradores y Abogados, entidades sin ánimo de lucro (entre ellas Cáritas), las coporaciones locales así como las entidades Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander, Banesto, Banco Sabadell y Bankinter, aunque está abierto a más entidades.

La consejera de Familia agradeció la implicación de las entidades financieras e incluso ha asegurado que alguna ha pedido además trabajar en un protocolo más concreto de cara al futuro, al que también se podrían sumar otras, y destacó el hecho de que el programa que ahora se pone en marcha complemente el Código de Buenas Prácticas del Gobierno central e incluso vaya más allá.

AYUDA A LA INTERLOCUCIÓN
La consejera de Familia incidió en que las entidades financieras han observado que el impago de la hipoteca provoca en ocasiones una especie de "shock" en las familias, que ven cómo cambia su vida, y dificulta la interlocución, pero además los Servicios Sociales habían alertado ya de la demanda de este servicio, lo que ha motivado su puesta en marcha, algo para lo que no hará falta una partida económica, ya que los 76 profesionales que trabajarán en el mismo ya se están formando y pertenecen a las diferentes administraciones.

Por su parte, el presidente de Cáritas, Rafael del Río, recordó que la participación de la entidad es simplemente la información y hacer un acompañamiento porque lo más importante para ellos es ayudar a las personas que acuden a ellos.

Del Río incidió en que actualmente hay una nueva pobreza muy difícil de solucionar, que llaman "vergonzosa" y es "real", y afecta a personas que tenían "hecha" su vida y se han quedado sin un salario y se encuentran en una situación "lamentable".

En este sentido, calificó de "ilusionante" este proyecto porque hasta ahora era muy difícil acompañar a las personas que se encontraban en esta situación de pérdida de vivienda a solucionar el problema y le parece buena idea que la propia Comunidad se comprometa a ayudar a estas personas "no a pagar, pero sí a negociar" con las entidades financieras para que den un tiempo y puedan rehacer su vida.

Por otro lado, Miguel Ángel García Nieto manifestó el compromiso de las entidades locales para colaborar en el programa, ya que se encuentran "al principio y al fin" del mismo y son las más cercanas a los ciudadanos. "Hemos estado siempre, vamos a estar y estaremos al lado de nuestros vecinos", dijo el presidente de la FRMP.