La Junta pide un préstamo para inversiones

La Junta firma un préstamo de 100 millones con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa a 15 años y con un tipo de interés inicial del 1,3%

La consejera de Hacienda, Pilar el Olmo, y el vicepresidente del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB, por sus siglas en inglés), Apolonio Ruiz-Ligero, han firmado esta mañana en París (Francia) el contrato por el que la entidad pública de crédito concede 100 millones de euros a Castilla y León. Se trata del primer préstamo que suscribe la Junta con la institución financiera multilateral más antigua del continente, y servirá para sufragar inversiones en plantas de depuración de aguas, potabilizadoras y prevención de incendios en la comunidad.

 

El acuerdo que han formalizado hoy la consejera de Hacienda y el vicepresidente del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa es claramente positivo para Castilla y León. En primer lugar por el volumen de recursos que recibirá la Junta, que es elevado, y más en un momento en que no todas las autonomías pueden financiarse en el mercado ordinario. A esto hay que sumar un plazo de devolución muy amplio, 15 años. Y como principal ventaja destaca su tipo de interés, euríbor a seis meses con un diferencial de 0,98, que sitúa el punto de partida en el 1,3%.

 

El importe del crédito se destinará íntegramente a sufragar infraestructuras de potabilización y depuración de aguas, así como a la prevención de incendios forestales. Estas inversiones forman parte de un proyecto más amplio por un importe global de 220 millones de euros, de los que el CEB financia el 45%, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el 29% y la Junta, con fondos propios, el 26% restante. Todas ellas serán ejecutadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la empresa pública Somacyl.

 

La concesión del préstamo es fruto de un concienzudo proceso de negociación a cargo de la Consejería de Hacienda, que ha durado más de un año. En el resultado han sido decisivos tanto los buenos números de la región y su acreditada solvencia, como el hecho de que las inversiones para las que se solicitaba financiación se ajustan al objetivo prioritario del Banco del Consejo de Europa de facilitar la cohesión social en el seno de la UE.

 

Así, la entidad ha tenido en cuenta el efecto positivo de la prevención de incendios en el medio ambiente, puesto que contribuye a proteger la biodiversidad del amplio territorio de Castilla y León –es el tercero más extenso de la UE y un 25% de él está incluido en la Red Natura 2000– y mejora su capacidad de adaptación al cambio climático. Paralelamente, la entidad ha valorado que una adecuada gestión, tratamiento y suministro de agua al conjunto de los municipios de la comunidad es condición indispensable para favorecer el desarrollo económico y social.

 

Clara vocación social desde su fundación en 1956

 

El CEB fue creado en 1956 por los estados que integraban el Consejo de Europa, y en la actualidad cuenta con 40 miembros entre los que se encuentra España. Goza de personalidad jurídica propia, tiene autonomía financiera y mantiene una intensa cooperación con la UE y otras instituciones internacionales, en especial con aquellas de carácter financiero.

 

El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa se caracteriza por una clara vocación social, lo que le lleva a actuar en tres líneas fundamentales. Por un lado, trabaja en la integración por la vía de proteger a los refugiados, emigrantes y desplazados, además de favorecer el acceso al empleo, la vivienda y la mejora de las condiciones de vida tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Asimismo, financia infraestructuras públicas en sectores como la sanidad, la educación y los servicios públicos administrativos o judiciales. Por último, proporciona ayuda ante emergencias por desastres naturales o ecológicos, y para la protección del medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Es aquí donde se enmarca la línea de crédito de 100 millones de euros otorgada a Castilla y León.

 

La institución financiera europea actúa mediante la concesión de préstamos para proyectos económica y socialmente viables. Lo hace con recursos propios, sin solicitar ayudas o subvenciones a los países que están representados en ella, y a 31 de diciembre de 2011 contaba con un capital de 4.953 millones de los que España aporta el 12%.