La Junta ofrece pagar en abril la parte devengada de la extra a funcionarios que cobren menos de 25.000 euros

Foto: Europa Press

Abonaría también en ese mes el 25% a los que superen esa cuantía y el resto en enero o febrero de 2015.

La Junta de Castilla y León ha ofrecido a los sindicatos abonar en el mes de abril el total de la parte devengada de la paga extra a los funcionarios que cobren menos de 25.000 euros (el 42 por ciento) y un 25 por ciento de la misma a los que superen esta cuantía, a los que pagaría el resto en febrero o abril de 2015.

  

Así lo ha explicado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tras la reunión que ha mantenido este viernes con los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y FSES para abordar el abono de la parte devengada de la paga extra, correspondiente a 44 días y que la Junta ha accedido a pagar a los funcionarios.

  

La consejera ha explicado que la decisión de acceder a esta reclamación de sindicatos y trabajadores se produce tras las sentencias que dan la razón de forma individual a los funcionarios (más de 40 por el momento), lo que ha hecho reflexionar al gobierno regional, pero también porque en estos momentos "si se puede favorecer en algo a los empleados públicos" lo van a hacer.

  

De esta forma, se ha propuesto a los sindicatos pagar la totalidad de la parte devengada de la extra a los empleados públicos (de la Administración General y organismos autónomos, unos 80.000, todos excepto los trabajadores universitarios y de empresas públicas) que cobren menos de 25.000 euros en el mes de abril, que sería "lo antes que se puede" debido a la tramitación necesaria para la elaboración de las nóminas correspondientes.

  

El resto de empleados públicos (los que cobren más de 25.000 euros) percibirían el 25 por ciento de la parte devengada en abril y el 75 por ciento restante en enero o febrero de 2015, lo que supondría hacerlo en otro ejercicio presupuestario.

  

La consejera ha concretado que esta medida supondría un desembolso total de 15 millones de euros en 2014 y de otros 17, hasta unos 32 millones, en el mes de enero o febrero del año que viene. La cuantía de media por funcionario sería de 300 euros (oscila entre algo más de 100 y hasta 600).

  

Pilar del Olmo, quien ha incidido en que la Junta está abierta a negociar con voluntad de llegar a acuerdos, ha recordado que hay un problema presupuestario para hacer frente a estos desembolsos, ya que no se contemplaban en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

 

SINDICATOS "RESPONSABLES"

  

La consejera ha calificado de "responsable" la postura de los sindicatos, ya que considera que lo importante es que no se haya cerrado la puerta a la negociación y ha añadido que con la propuesta los funcionarios saben que van a cobrar y cuándo.

  

A este respecto, la consejera ha aclarado que la Junta tampoco cierra la negociación, que continuará hasta donde se pueda llegar, al tiempo que ha reconocido que no sólo se habla con los sindicatos en estas reuniones sino que se mantienen contactos casi todos los días y espera que se obtengan respuestas rápido para poder pagar esas cuantías en asbril porque habría que realizar trámites administrativos que llevan su tiempo.

  

Además, ha incidido en que si continuaran las demandas individuales muchas no se resolverían hasta el año que viene o incluso 2016, con lo que se retrasaría el cobro, y además la Junta saldría perjudicada porque probablemente sería condenada a pagar las costas como en las sentencias que actualmente se ejecutan.

  

Por otro lado, la titular de Hacienda ha advertido de que el Ministerio de Hacienda actualmente recurre todos los acuerdos en entidades locales que han decidido devolver la paga extra. En este sentido, ha señalado que en caso de pacto con los sindicatos, éste tendría que aprobarse en Consejo de Gobierno, acuerdo que podría recurrir el Ministerio.

  

En ese caso, ha señalado Pilar del Olmo, se llevaría adelante el acuerdo con los sindicatos y el Ministerio tendría que recurrir a la vía contencioso-administrativa.

  

En este contexto, ha reconocido que se ha hablado con el Ministerio de Hacienda, que "comprende pero no comparte" la decisión de Castilla y León a este respecto.