La Junta ofrece a los funcionarios el pago del 75% de la 'extra' en tres plazos hasta 2017

La administración regional ha anunciado además que permitirá que el sexto “moscoso” se pueda disfrutar hasta finales de marzo. Sólo la devolución del 75 % de la paga extra de 2012 supera los 150 millones de euros.

 

RESTO DE COMUNIDADES

 

El consejero de la Presidencia ha explicado durante el transcurso de la reunión cómo otras comunidades autónomas están actuando en esta materia. A modo de ejemplo ha señalado que en dos comunidades - Andalucía y Cataluña - no han devuelto ni el primer 25 % de la extra que la Junta de Castilla y León ya pagó en 2014.

 

Además, Andalucía y Cataluña han dejado de pagar otras tres pagas extra a sus empleados públicos. Andalucía pagará el primer 25 % en 2016 y el resto lo demorará a lo largo de la legislatura, sin concretar. Cataluña no ha concretado nada a este respecto.

 

Cinco comunidades autónomas están estudiando cómo devolver la paga extra, pero en todos los casos parece que se devolverá una primera parte, como pronto, en 2016: Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares y Comunidad Valenciana. La Región de Murcia se ha comprometido ya a pagar el segundo 25% en  2016.

 

Otras cinco comunidades autónomas han anunciado que devolverán el 25 % de la extra antes de finalizar 2015, pero no han negociado con los representantes de los trabajadores los plazos y los tiempos para el resto.

 

De Santiago Juárez ha propuesto continuar negociando esta misma tarde en un grupo de trabajo más reducido, en el que estuviesen presente las cuatro centrales sindicales, pero los representantes de los trabajadores han preferido intentar plantear una contraoferta, a ser posible conjunta, y formularla en una próxima reunión de la Mesa General que se celebrará el miércoles 7 de octubre.

La Junta de Catilla y León ha anunciado este 30 de septiembre, durante la tercera reunión de la Mesa General de Negociación celebrada en los últimos días, una nueva propuesta para avanzar en un acuerdo que fije las prioridades en función pública para la legislatura con todas las centrales sindicales presentes en la Mesa.

 

La negociación de este acuerdo se ha planteado, por parte del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, como un paquete conjunto de medidas. Una primera parte se dirige a recuperar progresivamente las medidas adoptadas y derivadas de las restricciones de la crisis.

 

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado en representación del Gobierno autonómico varias propuestas referentes a la recuperación de medidas que se adoptaron anteriormente, motivadas por las restricciones de la crisis económica. La Junta de Castilla y León ha propuesto en esta reunión:

 

- Devolver el 75 % pendiente de la paga extra de diciembre de 2012 en tres plazos: una parte antes de que finalice 2015, un segundo pago en la primavera de 2016 y un tercero en la primavera de 2017.

 

- Por lo que se refiere a los días de libre disposición y vacaciones, se ha anunciado que la Junta permitirá que el sexto “moscoso” se pueda disfrutar hasta finales de marzo. En 2016 se recuperarán dos días de vacaciones por antigüedad y los “canosos” se empezarán a negociar en 2016. Los días de libre disposición y vacaciones no implicarán sustituciones salvo en sanidad y servicios sociales en los que serán los Gerentes los que determinen la necesidad de sustituir o no.

 

- La Junta también ha planteado a los sindicatos presentes en la Mesa reclamar de forma inmediata, y de manera conjunta, al Gobierno de la Nación la recuperación de la jornada de 35 horas,  el pago del 100 % de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, y solicitarán que el incremento de gasto que todas estas medidas supone no compute en el cumplimiento del objetivo del déficit.

 

La propuesta incluye otros aspectos:

 

- Modernizar las RPT (relación de puestos de trabajo) avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público, para ello se modificará la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad antes de que finalice 2015.

 

- En marzo de 2016 se negociarán los puestos tipo, garantizando que las RPT incluirán sólo esos puestos tipo.  

 

- Las nuevas RPT de servicios periféricos y centrales se aprobarán durante el año 2016 y a continuación se convocarán las plazas vacantes a través del concurso abierto y permanente.

 

- Estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las  cuatro especialidades preventivas sean públicas.

 

- Trabajar durante 2016 para desarrollar el estatuto básico del empleado público en la Comunidad de Castilla y León, adaptando la ley de función pública en temas tales como ingreso y provisión y situaciones administrativas, entre otros.

 

- Reducción de la interinidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando las tasas de reposición que el Estado marca como máximas anualmente.

 

-  Promoción interna cada dos años.

 

- Avanzar en la negociación del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León.

 

- Iniciar la negociación de un Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León con el objetivo de finalizar el diagnóstico de situación en el primer trimestre de 2016 y aprobar el Plan en el primer trimestre de 2017.

 

- Mejorar la carrera profesional a través de la promoción de los empleados públicos, para ello: los Secretarios Generales y Directores Generales serán empleados públicos, salvo en casos excepcionales debidamente motivados en los decretos de estructura; se reconvertirá una parte de las plazas que ahora se proveen mediante el sistema de libre designación, por plazas de concurso específico; y se revisará el sistema de acceso a las plazas de concurso específico, cuya ocupación se someterá a evaluación y no será indefinida

 

- Modernizar la acción social de la Junta reorientándola hacia conciliación de la vida familiar y laboral y la atención a las personas con discapacidad.

 

- Evaluar el funcionamiento del teletrabajo durante 2016 a través de una auditoría de la Inspección General de Servicios para, en función de los resultados, tomar una decisión sobre su continuidad o modificación.

 

- Reorientar la formación dando prioridad a la dirigida a mejorar los conocimientos del empleado público para el desempeño de su puesto de trabajo tras el acceso al mismo.

 

- Negociar un nuevo régimen de bolsas de empleo.

 

El presente acuerdo irá acompañado de una memoria económica; sólo la devolución del 75 % de la paga extra de 2012 supera los 150 millones de euros.