La Junta obtiene 90 puntos en el Índice de Transparencia, 17 más que en 2010

Para elaborar este índice, se estudian hasta 90 indicadores en seis ámbitos en las administraciones como la información de la propia Comunidad Autónoma, las relaciones con los ciudadanos, y la transparencia económico-financiera, en los que la Junta ha obtenido la máxima puntuación.   
EUROPA PRESS

La Junta de Castilla y León ha obtenido una nota de 90 sobre 100 en el Índice de Transparencia, elaborado por la organización Transparencia Internacional España, con 17 puntos más que el realizado a mediados de 2010, cuando obtuvo 73 sobre 100.   

La Administración regional castellanoleonesa, según han señalado fuentes de la Consejería de Presidencia, se sitúa así por encima de la media estatal --79,9 sobre 100--, por detrás de País Vasco y la Rioja (97,5), Cantabria (95), Andalucía (92) y Navarra (91,3) y con los mismos puntos que Galicia.   

Para elaborar este índice, se estudian hasta 90 indicadores en seis ámbitos en las administraciones como la información de la propia Comunidad Autónoma, las relaciones con los ciudadanos, y la transparencia económico-financiera, en los que la Junta ha obtenido la máxima puntuación.   

Mientras tanto, en el área de transparencia en contratación de servicios, obras y suministros ha sacado 7,5 puntos sobre 10; en transparencia en materia de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, un 8,6; y en indicadores de la nueva Ley de Transparencia, un 6,7.   

La puntuación final se obtiene con un cálculo ponderado de los distintos ámbitos ya que no se da el mismo valor a todos. De hecho, los de más peso son los tres primeros y en los que la Junta de Castilla y León obtuvo la puntuación más alta.   

La Consejería de Presidencia ha destacado que este informe muestra el trabajo realizado dentro de la iniciativa de Gobierno Abierto, que se puso en marcha en marzo de 2012 y que fue uno de los compromisos del debate de Investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.    Según el índice, existen "diferencias significativas" entre unas comunidades y otras en cuanto a la "preparación informativa" de cara a la futura Ley de Transparencia, que aún está en fase de tramitación parlamentaria, dado que algunas regiones publican todos los indicadores contemplados en ella como obligatorios (Cantabria), muchos de ellos (Andalucía, País Vasco y La Rioja), mientras que otras muestran puntuaciones inferiores, como Castilla-La Mancha y Murcia, que en este caso no llegan al aprobado.   

En todo caso, el área de menor puntuación global sigue siendo, al igual que ocurría con el índice de 2010, la económica-financiera (69,7 de media), mientras que las áreas de transparencia más destacadas son la ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas así como la de relaciones con los ciudadanos, ambas con casi un sobresaliente de media (89).   

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España Manuel Villoria ha valorado, durante la presentación en Madrid del estudio, los resultados de este año, asegurando que las comunidades autónomas "comienzan a tomarse en serio" este asunto.

ESTÁ EN JUEGO LA IMAGEN DE ESPAÑA
No obstante, ha advertido de que, en lo que se refiere a la "rendición de cuentas", las administraciones públicas españolas están "muy por debajo" de otras como las alemanas, y ha afirmado que la transparencia es, entre otras cosas, un aspecto "clave" para salir de la crisis porque es la imagen de España la que está en juego.   

Por eso, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha subrayado que la crisis y los recortes no pueden "servir de coartada" para que haya menos transparencia en las administraciones, ya que considera que "la información es muy valiosa pero también muy barata".   

En estos mismos términos se ha pronunciado el director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, quien ha añadido que los recortes en transparencia conllevarían un "ahorro pernicioso" porque las administraciones españolas no tendrían "fiabilidad" de cara al exterior a la hora de conseguir "ayudas externas" para hacer frente a la crisis.