La Junta concederá sólo seis licencias de juego remoto, al que se podrá acceder desde CyL y el extranjero

El portavoz asegura que el nuevo decreto persigue proteger a los usuarios y favorecer a las empresas de la Comunidad
El portavoz asegura que el nuevo decreto persigue proteger a los usuarios y favorecer a las empresas de la Comunidad

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León concederá un máximo de seis licencias para la puesta en marcha de proyectos de juego remoto, que además deben de aglutinar presencia de un porcentaje de las empresas del sector de la Comunidad y del que podrán disfrutar los residentes en la Comunidad y los extranjeros.

Así lo ha explicado este miércoles el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha recalcado que el decreto, primero que elabora una comunidad autónoma para regular el juego de forma remota, consta de 54 artículos y cuatro disposiciones adicionales y tiene como principal objetivo la protección de los usuarios.

Asimismo, se busca favorecer a las empresas de la Comunidad, por lo que la Junta concederá un máximo de seis licencias a empresas que deben surgir de la asociación por subsectores de juego (casinos, bingos y máquinas de juego) de las empresas físicas o jurídicas de juego presencial ya autorizadas en Castilla y León.

Así, los requisitos de asociación de la nueva empresa contemplan que, en caso de los casinos, la asociación debe de ser del 68 por ciento de los establecimientos (hay tres en la Comunidad); en el caso de los bingos (50 en Castilla y León) la asociación debe de ser también del 68 por ciento de los establecimientos y, en el de máquinas (300 empresas), del 26 por ciento del total; la asociación de empresas de distinto subsector debe aglutinar un mínimo del diez por ciento del subsector y la suma de los subsectores debe ser del 68 por ciento.

Las empresas, que ahora tienen que decidir si "están dispuestos" a poner en marcha estos canales de juego, podrán ofrecer juegos como bingo, máquinas, rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, además de chapas, juegos de casinos o concursos y sorteos, deben de tener su sede social o representante permanente en Castilla y León; domicilio fiscal en la Comunidad; sus sistemas informáticos o tecnológicos de gestión de juegos deben estar instalados en un establecimiento ubicado en Castilla y León y el primer servidor de salida o entrada (o repetidor de señal o antena) hacia los sistemas informáticos o técnicos de gestión debe de estar ubicado dentro del territorio autonómico.

Asimismo, su cuenta bancaria para cobros y pagos debe estar domiciliada en una entidad u oficina bancaria autorizada para operar en el territorio de la Comunidad y los pagos a los usuarios deberán realizarse a través de una entidad u oficina bancaria también autorizada para operar en territorio de Castilla y León.

EL 10% "DE LO QUE SE JUEGA MENOS LOS PREMIOS"

El tipo tributario aplicable será del 10 por 100 de las cantidades que los usuarios dediquen a su participación en el juego descontada la cantidad destinada a premios, es decir, "lo que se juega menos los premios", y estas empresas podrán operar a través de Internet; televisión, con o sin cable, por tierra o por satélite, codificada o no; radio; y telefonía fija o móvil.

El primer objetivo de la medida es proteger a los usuarios, según el portavoz, quien ha explicado que por ello, se prohíbe jugar a las personas menores de 18 años, para lo que se exige el pago en el juego mediante la utilización de una cuenta electrónica o de una tarjeta bancaria securizada o tarjeta bancaria prepago; se imposibilita el acceso a los que lo tengan prohibido por estar en el Registro de personas con prohibición en Castilla y León y se impide a las empresas que concedan préstamos o créditos a los usuarios.

El decreto, "muy complicado" y con el que se ha hecho "lo sensato", según De Santiago-Juárez, contempla además que la nueva empresa asociada debe de ser una sociedad anónima en la que sus socios no pueden participar en más de una sociedad mercantil de este tipo y que cuente con un capital mínimo de 3.065.161 euros para Red Internet y otros canales y de 306.516 euros para otros canales sin Internet.

Para su implantación, será necesaria la constitución de una garantía provisional por los interesados ante la Administración (Red Internet y otros canales 306.516 euros y otros canales sin red Internet, 30.651 euros) a la que se suman unas fianzas definitivas que han de constituirse por la nueva empresa asociada y que garantizarán el cobro de premios, y el pago de los tributos y responsabilidades administrativas.

En el caso de los fijos, las de Red Internet y otros canales asciende a 928.101 euros y la de otros canales sin red Internet, a 464.050 euros y, en el variable, será del triple de premios que la empresa haya dado el mes anterior más el doble de las cantidades dispuestas por los usuarios en sus bolsas de juego remoto del mes anterior; el 50 por ciento de la cuantía de éstas mismas se puede realizar mediante un contrato de seguro.

El decreto tiene como objetivo acabar con la situación actual de juegos en Internet, televisión, radio o telefonía, no autorizados por ninguna administración; la defensa de menores y personas con problemas especiales, eliminando la posibilidad de su acceso; la garantía del cobro de lo ganado; el desarrollo por las empresas de juego profesionales existentes en Castilla y León frente a las empresas actuales que actúan en juego remoto sin ninguna garantía ni control y la generación de puestos de trabajo de alta cualificación en el territorio de la comunidad, sobre todo asociado a las nuevas tecnologías, entre otros.

ENCUENTRO EN VALLADOLID

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha adelantado este miércoles que el próximo día 6 de noviembre se celebrará en Valladolid el Consejo de Políticas de Juego del Estado al que acudirán los 17 responsables autonómicos de esta materia.

Asimismo, al día siguiente se celebrará en la ciudad el IX Congreso del Juego, un sector que pasa por un momento "muy delicado", según ha recalcado De Santiago-Juárez.