La Junta acusa al PSOE de manipular la información y asegura que los derechos de abastecimiento no se alterarían

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila ha salido al paso de las declaraciones realizadas este viernes por el secretario de Medio Ambiente del PSOE de Ávila, Manuel Pascual, al hilo de la solicitud del Grupo Leche Pascual de hacerse con manantiales serranos del Valle del Corneja y ha asegurado que el socialista ha "manipulado" la información en torno al expediente presentado para la declaración de agua mineral natural en el Valle del Corneja

Desde la Delegación Territorial de la Junta en Ávila  indican que "nos vemos obligados a tranquilizar a la población" destacando los derechos preexistentes para abastecimiento domiciliario de los distintos municipios y de la comunidad de regantes, los cuales permanecerán vigentes en todo caso.

La empresa "Grupo Leche Pascual, SAU", según ha informado la Junta, ha solicitado a esta Administración, al amparo de los artículos 23  y siguientes de la ley de Minas y 38 y siguientes del Reglamento que la desarrolla, la declaración de agua mineral natural de los alumbramientos ubicados en el sitio "Las Presas" del municipio de Villafranca de la Sierra. Dicha solicitud se somete a información pública mediante la inserción en los boletines oficiales de Castilla y León y de la Provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villafranca de la Sierra.

 

Una vez tomadas las muestras preceptivas y que el Instituto Geológico y Minero emitió su informe sobre ellas, la empresa promotora del expediente presentó el informe hidrogeológico y propuesta del perímetro de protección, sometido nuevamente al trámite de información pública.

 

A la vista de este informe y de las alegaciones formuladas al mismo, se ha comprobado que el perímetro se encuentra, además de en Villafranca de la Sierra, en los municipios de Navaescurial, Navacepedilla del Corneja y de San Martín de la Vega del Alberche, por lo que en aras de la debida publicidad, se oficia a los respectivos Alcaldes a fin de que expongan en el tablón de anuncios la solicitud del expediente a los efectos de conocimiento público y la presentación de alegaciones, en su caso.

 

El Gobierno Regional informa de que una vez completo el expediente se remitirá a la Dirección General de Energía y Minas, órgano competente para la declaración como agua minero natural, y como trámite previo a la posible explotación industrial de las mismas, en su caso.

 

Desde la Junta insisten en que las actuales concesiones, tanto para abastecimiento domiciliario de los distintos municipios como de la comunidad de regantes, son derechos preexistentes que no pueden decaer y que no se verán alterados.

 

El Servicio Territorial de Industria, a pesar de ello, ha solicitado de la Confederación Hidrográfica del Duero información acerca de los caudales y capacidades de los arroyos de la zona en las distintas épocas del año, así como los caudales ya concedidos con el fin de completar la información.

 

Añaden que la tramitación de estos expedientes es un acto obligado tanto para la Administración actuante, en este caso la Junta de Castilla y León, como para los ayuntamientos donde se ubican los recurso de posible explotación y sin que se presuma por ello ninguna autorización hasta que el órgano competentes se pronuncie a través de una resolución impugnable en vía administrativa y, en su caso, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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