La juez admite a trámite la querella criminal contra un concejal del Ayuntamiento de Candeleda

Imagen de archivo en la que se ve a los miembros del Equipo de Gobierno, entre ellos el concejal acusado

La juez del juzgado de instrucción número dos de Arenas de San Pedro admite a trámite y comienza con las diligencias previas resultantes de la querella criminal interpuesta por la Plataforma contra la Especulación Urbanística de Candeleda contra un concejal de Ayuntamiento de la localidad. Se le acusa de facilitar datos confidenciales de ciudadanos y la acusación le puede costar entre dos y cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargo público

La juez del juzgado de instrucción número dos de Arenas de San Pedro (Ávila), ha admitido a trámite e incoado las diligencias previas derivadas de la querella criminal interpuesta por la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda contra Rodrigo Muñoz Pulido, concejal del Partido Popular que hizo público un informe policial en el que figuraban los datos personales de carácter confidencial de ciudadanos pertenecientes a la Plataforma que participaron en la manifestación contra la privatización de la gestión del agua candeledana del pasado 27 de enero.

 

Muñoz Pulido se enfrenta así a una acusación que le puede deparar una pena de prisión de dos a cinco años y una inhabilitación absoluta de entre seis y doce años, y tendrá que declarar en breve en el juzgado para tratar de justificar por qué envió a diferentes medios de comunicación correos electrónicos en los que adjuntaba el mencionado informe policial sin ni siquiera tomarse la molestia de borrar los nombres y apellidos de las personas identificadas por los agentes de la policía local de Candeleda.

 

Según el escrito de la querella y las diligencias previas redactadas por la juez de instrucción, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos en los términos que establecen los artículos 197.4 y 198 del Código Penal, los cuales establecen un fuerte agravante para el caso de que sea autoridad o funcionario público, como es el caso, quien perpetre el daño.

 

Para la Plataforma, “con el envío del informe policial a los medios de comunicación, el Ayuntamiento pretendió infligir un grave daño a la imagen personal de algunas de las personas involucradas en la lucha por la gestión pública del agua, con el fin de utilizar el miedo como herramienta para tratar de desactivar un movimiento que ha puesto en serios apuros la percepción que tiene el pueblo candeledano de sus representantes municipales en el gobierno y que ha logrado un grado importante de movilización social en torno a la defensa de los recursos públicos”.

 

Hay que recordar que la Plataforma ha presentado más de cuatro mil firmas contra la privatización, ha desarrollado diferentes debates y asambleas multitudinarias y ha convocado varias concentraciones y una manifestación con una notoria afluencia de público.

 

El presunto delito cometido por Muñoz Pulido sería un síntoma más de nerviosismo en un equipo de Gobierno que se está caracterizando por la más absoluta negativa a escuchar a su pueblo y por la recurrencia a prácticas antidemocráticas con las que encubren decisiones escandalosamente desfavorables para el pueblo. En el caso de la privatización del agua, pretenden ceder la gestión a treinta años por una inversión fijada en algo más del doble de lo que el Ayuntamiento viene ingresando en un solo año de un servicio de aguas que hasta ahora sólo aporta beneficios al erario público.