La FSP de Ávila se opone a la retirada de las armas a los Agentes Medioambientales

Javier Villa, en el centro de la imagen, este jueves

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Ávila ha denunciado este jueves la decisión de la Junta de Castilla y León de retirar las armas a los agentes medioambientales. Señalan que esta decisión expone a estos agentes a un gfrave riesgo de salud laboral dejándoles en desventaja ante furtivos o pirómanos

El secretario de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de la FSP de Ávila, Javier Villa, ha denunciado este jueves el riesgo que supone para los agentes medioambientales la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León el pasado 16 de octubre de retirarles las armas que portaban durante el desempeño de su labor.

 

Villa ha mostrado su desacuerdo con esta decisión ya que considera este arma como una herramienta de trabajo "fundamental por el riego que conlleva nuestra actividad". El sindicalista ha asegurado que la entrega del arma deja a los agentes medioambientales en inferioridad de condiciones frente a posibles delincuentes como furtivos o pirómanos.

 

En este sentido, ha señalado que estos trabajadores tienen "muchos encontronazos" con gente que infringe la norma y que, a sabiendas de que su actividad podría conllevar pena de carcel, variarían su respuesta frente a un agente desarmado.

 

Javier Villa ha asegurado que la decisión adoptada por la Junta infringe la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como el Decreto de Funcionamiento de los Agentes Mediambientales emitido por el propio Gobierno Regional, por lo que el pasado día 20 han denunciado la medida a la Inspección de Trabajo.

 

Según ha informado el secretario de Riesgos Laborales de la FSP, el argumento esgrimido por la Junta es que las armas deben de custodiarse en un armero y no pueden estar depositadas en un domicilio particular, "pero tampoco adopta medidas para que esto sea así".

 

Para el sindicalista la retirada de las armas "facilita la impunidad de los infractores y aumenta el riesgo de victimación de los agentes", por lo que contribuye también a los abandonos de servicio por el riesgo que conlleva su realización "por ejemplo, frente a un grupo de cazadores".

 

Desde el sindicato concluyen que la Junta de Castilla de Castilla y León pretende privatizar el servicio de vigilancia forestal y que esta medida no sería sino un paso más en ese camino. Javier Villa ha denunciado que "llevan año y medio reduciendo gasoil, personal, y ahora nos retiran las armas".