La Diputación de Salamanca bajo sospecha por la adjudicación irregular de obras por 12 millones de euros

Fomento adjudicó "infinitos" contratos menores y una veintena por procedimiento negociado a cinco empresas que se beneficiaron de un trato preferente para conseguir obras por 12 millones de euros. Corresponden a la etapa en la que Carlos García Sierra, actual vicepresidente, ya era diputado de Fomento.

La Diputación de Salamanca está envuelta en un posible caso de corrupción en el que habría favorecido a una serie de empresas a las que concedió numerosos contratos de obras por 12 millones de euros entre 2007 y 2014. Un escándalo que afecta al área de Fomento, dirigido durante todo el período bajo sospecha por Carlos García Sierra, actual vicepresidente de la institución provincial. El vehículo para las irregularidades cometidas ha sido, fundamentalmente, el uso de los contratos menores y de la contratación por procedimiento negociado sin publicidad, dos fórmulas que la Diputación defiende son legales a pesar de que son los métodos habituales de la corrupción en las administraciones locales.

 

El caso ha saltado este viernes por la tarde en una rueda de prensa convocada por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, a una hora poco habitual para este tipo de actos. Según ha podido saber TRIBUNA, el Grupo Socialista en la Diputación tenía lista una acción judicial para denunciar casos de corrupción en las contrataciones del equipo de Gobierno que dirige Iglesias en la Diputación, lo que habría forzado la comparecencia ante la posibilidad de que el PSOE llevara los hechos ante la justicia.

 

Acompañado del vicepresidente y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, en la rueda de prensa el presidente ha reconocido que cinco empresas constructoras se han adjudicado en los últimos años un número importante de contratos de obras por un montante total de 12 millones de euros; las adjudicatarias habrían acumulado una cantidad anómala de concesiones. Al ser preguntado, el presidente de la Diputación ha cifrado en "infinitos" los contratos menores concedidos a las empresas sospechosas, "en torno a 20 los negociados sin publicidad" y el resto en contratos por procedimiento abierto. En total, el montante económico sería de 8 millones de euros en contratos abiertos, 1,2 millones en negociados sin publicidad y 2 millones en contratos menoresSegún el propio Iglesias, todas las obras que ahora están bajo sospecha se han ejecutado y todos los pagos están fiscalizados.

 

 

CON CARLOS GARCÍA SIERRA COMO DIPUTADO DE FOMENTO

 

Los contratos sospechosos corresponden al período entre 2007 y 2014 y aunque Iglesias ha asegurado que se celebraron "especialmente antes de 2012", también los hay posteriores a su llegada a la presidencia de la Diputación en mayo de 2011; "es del período 2007-2011, no es de ahora", ha insistido Iglesias. No ostante, en todo este tiempo una misma persona ha ocupado el área de Fomento, el diputado Carlos García Sierra, ahora vicepresidente. Ya ejerció como diputado delegado del área entre 2007 y 2011, con otro equipo de Gobierno también del PP, y lo es desde que Iglesias le nombró a su llegada a La Salina.

 

Sin embargo, por ahora la Diputación ha decidido apartar a los dos funcionarios máximos responsables del área de Fomento que dirige García Sierra, aunque "sin prejuzgar nada" sobre la responsabilidad en los hechos. Se trata del director del área de Fomento, Manuel Borrego, y del coordinador de vialidad, Germán Berrocal, que antes fue responsable del parque de maquinaria de la Diputación. Ambos son funcionarios con una dilatada experiencia; el primero ocupa el puesto por libre designación, es decir, es un cargo de confianza del equipo de Gobierno. Según García Sierra, ambos han estado ocupando sus puestos con normalidad hasta que se les ha comunicado la decisión; el director del área de Fomento, incluso, ha seguido firmando contratos y proyectos.

 

 

CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN

 

Las sospechas se centran en tres tipos de contrataciones: los contratos abiertos a los que concurren empresas para obras o servicios de la administración (sin límite de cuantía), los contratos negociados sin publicidad por los que se invita a tres empresas y se adjudica directamente (hasta 200.000 euros) los contratos menores con un límite de cantidad (18.000 euros) que se adjudican directamente. Los dos últimos tipos son contratos en los que la exigencia de requisitos y control es menor. Por ejemplo, en los contratos negociados sin publicidad se invita a tres empresas, se les da un plazo para presentar ofertas y se adjudica a la más económica; lo habitual es que no todas presenten oferta a tiempo e incluso que se pacten.

 

Los expedientes de los contratos y el informe interno en el que se denuncian las irregularidades forman parte de la documentación que la Diputación ha entregado a la Fiscalía para que investigue. También se ha mostrado dispuesto a facilitar la documentación que se precise.

Carlos García Sierra (izqda) y Javier Iglesias, diputado de Fomento y Presidente de la Diputación de Salamanca

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