La Consejería de Hacienda realizó 18.887 declaraciones de IRPF en núcleos rurales en la campaña de Renta 2012

Para ello, habilitó 80 oficinas en los núcleos rurales. El 78 % de las declaraciones se presentó por medios telemáticos.

La Consejería de Hacienda colabora con la Agencia Tributaria en el desarrollo de la Campaña de la Renta desde 1998, lo que supone que en 2013 se han cumplido 15 años de cooperación ininterrumpida. Esta alianza se plasma en la apertura de oficinas de elaboración de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que proporcionan asesoramiento gratuito a aquellos contribuyentes que lo necesitan.

 

Hasta el pasado 1 de julio la Agencia Tributaria ha prestado este servicio en las capitales de provincia, mientras que la Consejería de Hacienda –que decidió mantenerlo a pesar de las restricciones presupuestarias– lo ha desarrollado en las demás ciudades de Castilla y León y en los principales núcleos rurales. Con ello se evita duplicar funciones, puesto que la actividad que realizan las dos administraciones es complementaria. Para el Gobierno autonómico supone además reafirmar su compromiso con los pueblos, ya que se facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a sus habitantes.

 

El éxito de la campaña ha sido posible gracias a la contribución de los ayuntamientos de municipios que no cuentan con oficinas ni del Estado ni de la Junta, que han cedido locales para que los contribuyentes pudieran acudir allí a realizar su declaración. Para ello el pasado 3 de mayo la consejera de Hacienda firmó convenios de colaboración con los alcaldes de las localidades donde ha habido puntos de atención, en el marco del acuerdo suscrito en 2004 con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

 

Los castellanos y leoneses que residen en núcleos rurales han tenido a su disposición 80 oficinas distribuidas por todo el territorio regional durante 36 días, nueve menos que en 2012. El Gobierno autonómico ha prestado el servicio en sus dependencias de Miranda de Ebro y Aranda de Duero (Burgos) y Ponferrada (León), mientras que en los 77 municipios restantes se ha realizado en las salas proporcionadas por los ayuntamientos. De este modo se ha evitado que muchas personas tuvieran que desplazarse a poblaciones más grandes, con el consiguiente ahorro de dinero y tiempo.

 

Incremento constante del uso de Internet

 

De las 18.887 declaraciones elaboradas en las oficinas de la Junta la inmensa mayoría –en concreto 14.707, el 78 % del total– se ha presentado por medios telemáticos, lo que certifica la pujanza de Internet en las comunicaciones con la Administración. De hecho, ese porcentaje es cuatro puntos superior al 74 % que se registró durante el ejercicio anterior.

 

Las provincias donde más declaraciones han elaborado los técnicos de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Hacienda han sido Burgos (4.398) y León (4.064), que concentran el 45% del total. A continuación se sitúa Valladolid (2.254), seguida de Soria (1.728), Segovia (1.499), Zamora (1.453), Salamanca (1.197), Ávila (1.155) y por último Palencia (1.139). El nivel de ocupación de las oficinas al servicio del público ha sido del 110 %, lo que implica que se ha atendido a un buen número de contribuyentes fuera del horario establecido.

 

Los contribuyentes se han beneficiado de 18 deducciones

 

Conviene recordar que la Junta no subió el tramo autonómico del IRPF en 2012, como tampoco lo ha hecho en 2013. Pero es que además durante la Campaña de la Renta los contribuyentes han podido aplicarse 18 deducciones, dos más que el año pasado, que les han permitido reducir su factura fiscal. Estos beneficios fiscales implican un notable esfuerzo para las arcas autonómicas en un momento de crisis como el actual, que se afronta dentro de la política del Gobierno de la comunidad de llevar a cabo rebajas selectivas de impuestos.

 

Por primera vez todas las ventajas tributarias de Castilla y León en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas han estado limitadas por el nivel de ingresos, salvo las de vivienda –que ya cuentan con un tope al importe de la inversión– y la nueva deducción para el autoempleo de trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad por la crisis. Con esto se pretende favorecer a los que más lo necesitan, que se ha estimado que son los contribuyentes con una base imponible total inferior a 18.900 euros en tributación individual y 31.500 en tributación conjunta, una vez aplicados los mínimos personal y familiar.

 

Los beneficios fiscales de la Junta en el IRPF tienen como objetivo fundamental el apoyo a las familias. De ahí que existan bonificaciones por nacimiento o adopción de hijos, por adopción internacional, por familia numerosa, por cuidado de hijos menores, por el permiso de paternidad y para mayores dependientes.

 

Además el Ejecutivo autonómico promueve la emancipación de los jóvenes -mediante las deducciones por adquisición de la primera vivienda en núcleos rurales y por alquiler-, la inversión en infraestructuras de ahorro energético en los hogares, la adaptación de los inmuebles al uso de discapacitados, las iniciativas emprendedoras -a través de las ventajas fiscales por autoempleo de mujeres y menores de 36 años- y el cuidado del patrimonio -al bonificar las cantidades donadas o invertidas para la rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y natural-.

 

Por otra parte, este año los contribuyentes han podido aplicarse tres bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF relacionadas con la construcción. La primera ha sido una deducción del 7,5 % por la compra de la primera vivienda nueva durante los cinco primeros años, siempre que su edificación se iniciara entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. El límite de la inversión deducible eran 9.040 euros.

 

A ésta se suman otras dos que debían haber desaparecido el 31 de diciembre de 2011, pero que la Junta prorrogó a 2012 para prolongar sus efectos y aflorar economía sumergida. Se trata de la deducción por hacer reformas en la vivienda habitual -el 15% de la inversión, con un máximo de 10.000 euros por contribuyente- y de la ligada a la Inspección Técnica de Edificios -con idénticos importes y para obras en inmuebles de más de 30 años de antigüedad, de modo que superen la revisión obligatoria que es preciso realizar a partir de los 40 años-.