“La cercanía de la convocatoria electoral no debe ser un obstáculo para alcanzar acuerdos”

Juan Vicente Herrera presidente de la junta de castilla y león
ICAL

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se mostró ayer confiado en que la próxima convocatoria electoral prevista para dentro de un año no sea un obstáculo para que en este tiempo se alcancen con las formaciones políticas, sociales y económicas verdaderos acuerdos de Comunidad en diferentes materias, entre las que citó el Pacto de Población. En respuesta a unas preguntas de Ical formuladas con motivo del 23 de abril, fiesta oficial de Castilla y León, el jefe del Ejecutivo autonómico tiene, entre otros aspectos, un recuerdo para el drama del paro, principal prioridad, dice, de su acción de gobierno y repasa la respuesta que a lo largo de estos meses tuvo su llamamiento a la unidad en el discurso institucional del año pasado, de la que está satisfecho “sólo en parte”.

En un momento de crisis, como el actual, es obligado empezar con una reflexión del presidente de la Junta dirigida a esos casi 200.000 parados que hoy tienen pocas cosas que celebrar.

El paro es, en efecto, la gran preocupación desde que se inició la crisis económica. Aunque en Castilla y León mantenemos tasas inferiores a la media de España, es un drama personal y social de una enorme magnitud. Quienes están en esta situación en nuestra Comunidad deben saber que resolver este problema es nuestra principal prioridad, que la inmensa mayoría de las cosas que hacemos tienen como objetivo reconducir su circunstancia: crear oportunidades, propiciar inversiones, apoyar iniciativas empresariales generadoras de empleo...

Hace un año apeló en estas mismas fechas a la unidad para salir de la crisis. Doce meses después, ¿está satisfecho con el eco y respuesta que tuvo su llamada?
Sólo en parte. En el ámbito estatal ha habido ocasiones perdidas. La Conferencia de Presidentes de finales del año pasado es, quizás, el ejemplo más claro. En el ámbito de Castilla y León, el diálogo social ha seguido funcionando, demostrando que es una auténtica seña de identidad de nuestra Comunidad, también en tiempos de crisis. Asimismo, ha habido algunos avances en el diálogo político dentro de la Comunidad, aunque todavía quedan proyectos importantes en que esa voluntad de pacto debe concretarse. La relativa cercanía de la próxima convocatoria electoral no debería ser un obstáculo para alcanzar acuerdos de Comunidad en asuntos en los que, por definición, debería dejarse a un lado una actuación partidista. Confío en que así será.

Ha sido imposible un acuerdo general entre las comunidades y el Gobierno central para diseñar una estrategia conjunta de salida de la crisis, ¿ha habido falta de generosidad o de sentido institucional por alguna de las dos partes? Entre las lecciones de la crisis, ¿considera que una de ellas podría ser un rediseño de algunos instrumentos de colaboración con el Gobierno para facilitar la acción conjunta y aparecer todos a ojos de los ciudadanos como Estado?
Un acuerdo territorial y de coordinación sigue siendo esencial. La última Conferencia de Presidentes frustró muchas expectativas porque el Gobierno la planteó tarde y mal. Tarde, pues llevábamos muchos meses reclamándola y nos reunieron cuando, según ellos, lo peor de la crisis ya había pasado. Mal, porque no hubo documentación preparatoria, ni contactos previos en relación con el documento que intempestivamente nos presentaron a la firma. Ese documento no tenía, además, ni una sola previsión diferente de lo ya anunciado por Rodríguez Zapatero al presentar la Ley de Economía Sostenible, que obtuvo el rechazo unánime de toda la oposición en las Cortes Generales. Pretender el refrendo de las Comunidades a eso, era un imposible político. Se trataba, sobre todo, de ganar tiempo, de echar el balón adelante remitiéndose a futuros pactos o proponiendo la creación de grupos de trabajo muchas veces innecesarios.

En Ávila, advirtió también que los responsables sociales están obligados a ejercer su liderazgo “con responsabilidad y altura de miras” y con “total lealtad” al interés general de la Comunidad. ¿Ha echado en falta esa lealtad a los intereses generales y esa altura de miras en algún momento?
Siempre hay casos puntuales en que puede ponerse de manifiesto una disparidad de opiniones o una distinta manera de encarar los asuntos, pero, en su inmensa mayoría, hay un compromiso claro por parte de los responsables sociales de Castilla y León con el interés general de la Comunidad. Muchas personas, desde los más diversos ámbitos, trabajan día a día por ese interés general, para asentarlo y llevarlo adelante, y ese es un esfuerzo que, aunque mejorable, como todo lo humano, un presidente no debe dejar de agradecer.

¿Considera que las dificultades para la reordenación del sistema financiero de la Comunidad han revelado que, cuando se trata de abordar un gran proyecto regional en el que las provincias perciban pérdida de poder, las costuras de Castilla y León se resienten? ¿Por qué tantas resistencias para afrontar los grandes proyectos regionales?
La reordenación del sistema financiero es un asunto complejo. Acudiendo a la hemeroteca es fácil comprobar que estas dificultades no son exclusivas de Castilla y León, sino comunes al conjunto del territorio nacional. En Castilla y León hemos partido de un acuerdo político muy sólido, que no nos hemos cansado de agradecer. Ahora tenemos la oportunidad de ser la primera Comunidad extensa y compleja que resuelva este asunto de forma satisfactoria para todas las partes, contribuyendo a la creación de un sistema financiero más fuerte, más competitivo y más comprometido con Castilla y León.

¿Cuando se cumplen tres años de la reforma estatutaria, está satisfecho de su ritmo de desarrollo?
El Estatuto se está desarrollando a buen ritmo, con avances en todos los campos: la proyección exterior de la Comunidad de Castilla y León y su vocación europea, la especial vinculación a las regiones de la vecina Portugal, la colaboración con otras comunidades autónomas para hacer más fácil la vida de los ciudadanos, el desarrollo de los derechos sociales y de los derechos en relación con la Administración, entre otros.