La AUGC denuncia la intención del Gobierno de privatizar la seguridad en centros penitenciarios

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado las intenciones del Gobierno de privatizar la seguridad de los centros penitenciarios. Avisan de una sustitución progresiva de las FCSE por vigilantes de seguridad privada y afirman sentirse engañados

Según manifiesta la organización sindical de la Guardia Civil, durante los últimos días han ido llegando a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria afectados por la privatización una orden de la Dirección General de la Guardia Civil anunciando que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a estas prisiones varios vigilantes de seguridad privada como “refuerzo a los componentes de las FCSE que prestan servicio en los centros penitenciarios”. En principio están afectadas por esta medida 21 centros penitenciarios, 19 de Guardia Civil y 2 del Cuerpo Nacional de Policía.

 

En dicho documento se afirma que “en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto”, pero a continuación añade que “en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada”.

 

La AUGC asegura no tener ninguna duda de que la intención final del Gobierno es privatizar la seguridad en las prisiones "porque de no ser así no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada".

 

Para el sindicato esta decisión confirma "que la intención del gobierno popular de ‘recolocar’ al personal de las empresas de seguridad privada afectadas por la reducción de escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque, como ha podido saber la Organización, no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio".

 

La AUGC indica que la fase de “sustitución progresiva” podría afectar a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país, "unos trabajadores que se sienten engañados por el Partido Popular, puesto que en el programa electoral con el que esta organización concurrió a las elecciones generales no constaba que tuvieran la intención de adoptar dicha medida". AUGC no descarta que este afán privatizador alcance también a otras unidades y servicios de seguridad, ya sean de la Guardia Civil o de otros cuerpos policiales.