La Audiencia Nacional rastrea desde hace tres años el patrimonio del mayor de los Pujol Ferrusola

La investigación, que trata de dilucidar si cobró comisiones a cambio de contratos, se inició con la denuncia de su exnovia


MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional investiga desde hace casi tres años el origen del patrimonio de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del matrimonio formado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, ante la sospecha de que pudiera haberlo obtenido cobrando comisiones ilegales por haber mediado en la adjudicación de contratos públicos, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los registros llevados a cabo este martes en la 'operación Hades' han sido ordenados en el marco de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 5 desde que el 17 de enero enero de 2013 la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, ratificara ante el juez Pablo Ruz que acompañó a Andorra al hijo mayor del 'expresident' para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.

Tanto Jordi Pujol Ferrusola como su exesposa, Mercè Gironés Riera, fueron imputados indiciariamente por un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal. El primogénito del clan, que compareció ante el juez Ruz el 15 de septiembre de 2014, negó las acusaciones de su exnovia y que manejara grandes sumas de dinero en efectivo. "La gente no va por la vida así", aseguró, según fuentes de su defensa.

En el punto de mira de la justicia se encuentran cinco sociedades a nombre del matrimonio que, según el juez que actualmente dirige la instrucción, José de la Mata, y la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, habrían recibido transferencias de hasta 8,5 millones de euros por parte de 17 grandes constructoras y empresas de servicios que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña".

Se trata de las mercantiles Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing. En todos los casos se sospecha que se trata de empresas 'tapadera' que ofrecieron servicios ficticios para encubrir el pago de mordidas.

SUMARROCA Y DELSO, IMPUTADOS

Entre los empresarios imputados por pagar presuntamente las comisiones ilegales se encuentran el presidente de Comsa Emte, Carlos Sumarroca Claverol, y su padre, Carlos Sumarroca Coixet; el de Isolux Corsán, Luis Delso, a quien el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas otorgó el alias de 'Luis el cabrón' en el 'caso Gürtel'; y el directivo de Copisa Xabier Tauler.

Los tres, imputados por fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil, comparecieron ante el juez Ruz en noviembre de 2014 y aseguraron que los trabajos prestados por Pujol Ferrusola fueron reales y se concretaron en labores de asesoría que permitieron desarrollar sus negocios.

Los Sumarroca, imputados en el 'caso Petrum', que ha desvelado la trama del 3 por ciento por el pago de esa comisión en cada adjudicación, aseguraron que Pujol Ferrusola les ayudó en 2008 y 2009 en la expansión de la compañía en México, donde analizó el mercado y buscó posibles socios. El presidente de Comsa EMTE, que abonó 154.048 euros a su supuesto asesor en 2008 y 2009, defendía en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que sus labores le evitaron "contratar a un 'head hunter'" o cazatalentos.

Según un informe de la UDEF que forma parte del procedimiento, los Sumarroca utilizaron las empresas del exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona Jaume Ferrer Graupera como tapadera para pagar supuestas mordidas en 2005 por un total de 448.224 euros, de los que 435.000 habrían ido a parar a manos de Jordi Pujol Ferrusola. El exdirectivo, sin embargo, justificó los pagos por labores de asesoría en la implantación de sistemas de calidad.

La vinculación entre los Pujol Ferrusola y los Sumarroca se pone en evidencia por el hecho de que el patriarca de esta última familia, Carlos Sumarroca Coixet, fue fundador de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) junto a Jordi Pujol Soley mientras que las esposas de ambos montaron juntas en Barcelona la floristería Hidroplant.

Luis Delso, por su parte, pagó 1,2 millones de euros a las empresas del matrimonio por conseguir que le adjudicaran la ampliación de varias autopistas en México y otros 600.000 por otro la implantación del tendido eléctrico en Gabón. Según argumentó, su contratación era "mucho más barata" que la implantación de una oficina comercial en estos países. También está imputado por una operación similare el empresario Alejandro Guerrero Kandler, de Life Mataró.

EL 'PELOTAZO' DE TIVISSA

El juez también atribuye los tres delitos citados a los socios de Gestió i Recuperació de Terrenys Gustavo Buesa y Josep Mayola, que se adjudicaron entre 2002 y 2004 la gestión de un vertedero en Tivissa (Tarragona) en cuya operación Jordi Pujol Junior habría ganado 4,3 millones de euros. Los exconsejeros de Medio Ambiente de la Generalitat, Ramon Espadaler (Unió) y Salvador Milà (ICV), defendieron el pasado 18 de septiembre ante el juez la "legalidad" de todas las actuaciones administrativas que permitieron la apertura y puesta en marcha del centro.

En octubre de 2014 también fueron imputados varios familiares del matrimonio investigado, entre los que se encuentran los exsuegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera; su excuñado Ramón Gironés Riera; y el técnico del Ayuntamiento de Barcelona Xavier Corominas.

El juez Ruz también interrogó en noviembre del año pasado a una veintena de testigos, entre ellos una decenca de empresarios que aseguraron que, a pesar de los pagos que recibió Pujol Ferrusola por participar en sus negocios, nunca trataron con él y ni siquiera le conocen.

"Ese señor juro y prometo que jamás apareció en ningún sitio", llegó a señalar Juan Luis Ripollés, que participó como intermediario en la promoción de la urbanización Los Merinos en Ronda (Málaga), por la que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Pujol Ferrusola se embolsó 1,1 millones de euros.

Otro testimonio relevante fue el del asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, quien aseguró que desconocía que los miembros del clan tuvieran cuentas bancarias en el extranjero. De hecho, le indicó al juez que tuvo conocimiento de la supuesta herencia que el expresidente de la Generalitat de Cataluña guardaba en Andorra "unas semanas antes" de su confesión, cuando este le pidió "consejo".