La Alianza por la Unidad del campo afirma que el territorio de la comunidad deberĂ­a ser reordenado

Sobre todo por la despoblaciĂłn del medio rural

La Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG siempre ha manifestado la necesidad de reordenar el territorio en nuestra comunidad autĂłnoma; en su forma actual, la ordenaciĂłn del territorio en Castilla y LeĂłn es la constataciĂłn del fracaso en frenar el despoblamiento del medio rural. Por ello hemos reclamado en diferentes foros un autĂŠntico plan integrador y vertebrador de la realidad social (demogrĂĄfica) y de la realidad fĂ­sica (geogrĂĄfica) castellano y leonesa. Lo acometido hasta la fecha, o bien ha sido excluyente o insuficiente, o bien ha carecido de la debida cohesiĂłn interterritorial.

Consideramos que la despoblaciĂłn de nuestro medio rural, que comprende el 91,5 % del territorio de nuestra comunidad[1], es el verdadero problema al que hay que hacer frente. EstratĂŠgicamente, la ocupaciĂłn del territorio resulta positiva y es del interĂŠs general. Y para una efectiva ocupaciĂłn del territorio deben darse dos premisas: la existencia de una economĂ­a que genere actividad y empleo, y la existencia de unos servicios adecuados para que las personas puedan desarrollar su vida en plenitud, sin tener que salir de su entorno para cubrir ninguna necesidad bĂĄsica.

En consecuencia, la ordenaciĂłn del territorio debe responder a las dos cuestiones antes enumeradas, atendiendo a su vez a la necesidad de adelgazar la administraciĂłn, optimizando los recursos pĂşblicos y reduciendo la burocracia administrativa. En este ĂĄmbito cuestionamos el mantenimiento de instancias que no responden a las actuales necesidades de los ciudadanos ni de los municipios, y cuya Ăşnica razĂłn parece ser la de mantener un clientelismo polĂ­tico que, despuĂŠs de 33 aĂąos de ConstituciĂłn y 29 de Estatuto de AutonomĂ­a, ya deberĂ­a estar superado.

Una organizaciĂłn administrativa cercana que no excluya a ningĂşn municipio

El elemento de partida para la ordenación del territorio debe ser definir que tipo de vertebración se busca, si en base a la potenciación de determinados centros “olvidándonos” de los núcleos de población más pequeños, o bien, si la potenciación de las medidas que se establezcan no debe ser excluyente con ningún núcleo por pequeño que sea. Para la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG ambas cosas son compatibles: potenciar los servicios a nivel de comarca (dentro de la cual las sedes de los diferentes servicios pueden y deben repartirse entre varias localidades), y  potenciar la residencia dentro del municipio o núcleo de población por pequeño que éste sea.

El nuevo modelo de organización territorial debe potenciar el papel de la comarca,desarrollando normativamente el artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía. En este sentido, respaldamos la afirmación del Consejo Económico y Social, que en su Informe “Población y poblamiento en Castilla y León” dice que “la comarca puede servir como instrumento de cohesión y desarrollo eficiente y que al mismo tiempo puede reducir la carga administrativa de la Comunidad”.

La comarca, con personalidad jurĂ­dica propia y plena capacidad y autonomĂ­a para la gestiĂłn de sus intereses, y que puede superar la delimitaciĂłn provincial, es el elemento sobre el que definir y asentar los servicios y equipamientos bĂĄsicos necesarios para la poblaciĂłn del medio rural. La comarca estarĂĄ determinada por condicionantes y criterios histĂłricos, geogrĂĄficos, sociales y de eficiencia y racionalidad en la gestiĂłn y prestaciĂłn de los servicios pĂşblicos comunes, pero tambiĂŠn por la voluntad de sus habitantes.

Igualmente, consideramos necesario potenciar los mecanismos de cooperaciĂłn descentralizada que fomenten las relaciones intermunicipales a travĂŠs de Mancomunidades de municipios. La experiencia acumulada por estas organizaciones supramunicipales es altamente positiva, y constituye un bagaje que habrĂ­a que valorizar y potenciar para el establecimiento y desarrollo de toda clase de obras, servicios y prestaciones que redunden en beneficio de los vecinos.

Servicios adecuados para que las personas puedan desarrollar su vida en plenitud

Respecto a los servicios necesarios en el medio rural, Castilla y León tiene que abanderar un movimiento que haga prevalecer los criterios sociales sobre los meramente economicistas a la hora decidir las inversiones precisas en equipamientos e infraestructuras. Aplicar la relación “inversión/usuario” condena al medio rural y a las regiones menos pobladas; la inversión pública debe tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales, de equilibrio territorial, de distribución poblacional y de gestión del territorio.

Es necesario incentivar el mantenimiento de la población en los núcleos rurales a través de medidas diferenciadas, que reconozcan y recompensen el hecho de habitar en lugares con mayores desventajas comparativas respecto a otros centros de población con mayores servicios. Estas medidas, aparte de otras nuevas que se deben implementar, podrían incluir las mismas que ahora existen (por ejemplo: ayudas a la vivienda, becas, servicios de proximidad para las personas mayores, apoyo específico a los familiares de personas dependientes, impuestos, reducciones fiscales, etc.), pero moduladas y con importes o porcentajes diferenciados por tramos, que serían mayores para los que vivan en lugares con mayores carencias (núcleos más pequeños, con malas comunicaciones, dificultad de acceso a servicios básicos –sanidad, educación, atención a la dependencia -, de cultura y ocio, etc.).

Es imprescindible acercar los servicios bĂĄsicos a los pueblos. AdemĂĄs de la sanidad y la educaciĂłn, cobran una transcendental importancia los servicios de proximidad para la atenciĂłn de las personas mayores y los de apoyo a las familias con personas dependientes. La estructura poblacional de Castilla y LeĂłn, con un envejecimiento creciente, resalta la importancia de procurar el acceso a estos servicios bĂĄsicos de derecho universal a toda la poblaciĂłn, en especial en las zonas rurales, donde los servicios no alcanzan a cubrir las necesidades de los ciudadanos, y por lo tanto, no se cumple con el principio de igualdad como derecho constitucional.

Estos servicios de proximidad para la atenciĂłn a las personas mayores del medio rural deben descentralizarse, adquiriendo un mayor protagonismo los municipios, agrupados al efecto, y en todo caso, en el contexto de organizaciĂłn territorial comarcal que proponemos.

Junto a lo anterior, existen otras necesidades que cada dĂ­a cobran mayor importancia, y que en el medio rural todavĂ­a no pueden ser atendidas; es, por ejemplo, el caso de las telecomunicaciones (telefonĂ­a fija y mĂłvil, banda ancha, etc.) que son ya, pero serĂĄn aĂşn mĂĄs en el futuro, una herramienta fundamental para superar el aislamiento de muchos nĂşcleos rurales. Lo mismo ha de decirse de las infraestructuras de comunicaciĂłn viaria y de ferrocarril, elementos clave para la vertebraciĂłn territorial.

Una economĂ­a que genere actividad y empleo

Como antes hemos apuntado, la ordenación del territorio solo tiene sentido cuando hay algo –o alguien- que ordenar; el despoblamiento de nuestro medio rural puede convertir en inútil este esfuerzo en muy corto plazo si junto con la ordenación administrativa no ordenamos también los recursos y la actividad económica de nuestro territorio. El fracaso de las políticas de lucha contra el despoblamiento en el medio rural de Castilla y León tiene en parte relación con el progresivo desmantelamiento de la actividad agraria; es necesario diversificar la economía rural, pero es igual de necesario desarrollar las potencialidades del sector agrario como eje estratégico de desarrollo económico, y muy en particular el modelo social de agricultura, generador de actividad y riqueza que no se deslocaliza.

Es por ello por lo que desde la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG consideramos que la apertura de un debate en torno al modelo de ordenaciĂłn del territorio es una nueva oportunidad para que nuestra comunidad tome conciencia del valor estratĂŠgico del sector agrario, que constituye un pilar fundamental para la economĂ­a de Castilla y LeĂłn, tanto desde una perspectiva econĂłmica como social, y especialmente en el medio rural, donde la promociĂłn de un desarrollo endĂłgeno pasa necesariamente por la potenciaciĂłn del sector agroalimentario. La transformaciĂłn agroalimentaria localizada en el medio debe considerarse prioritaria, condicionando las ayudas a las industrias a la utilizaciĂłn de las producciones agrarias del propio territorio.

AdemĂĄs de la funciĂłn alimentaria de la agricultura, sus nuevas orientaciones funcionales deben ser valoradas especialmente como generadoras de nuevos recursos. Estas orientaciones estĂĄn relacionadas con la gestiĂłn del territorio, del medio ambiente y del agua, y tambiĂŠn con el desarrollo de las energĂ­as renovables.

Las políticas agrarias deben modificarse adoptando una orientación marcadamente social, que establezca una clara prioridad a favor de un Modelo Social Agrario, que tenga como objetivo preferente el mantenimiento de un nivel de rentas digno para los hombres y mujeres que viven de su trabajo directo y personal en su explotación, como productores A Titulo Principal, profesionales y activos de las Explotaciones Familiares Agrarias.                                                                             

El desarrollo de este modelo social agrario es estratĂŠgico para garantizar una alimentaciĂłn asequible y de calidad, para la preservaciĂłn de los valores ambientales y el mantenimiento de los pueblos con vida, como base del desarrollo rural, que es a su vez fundamental para un desarrollo equilibrado de la comunidad con mayor espacio rural y medioambiental, como es Castilla y LeĂłn.