Junta andaluza lamenta que Alaya sitúe "al borde de la indefensión y escarnio público" a servidores públicos honestos

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha lamentado que, con la decisión de imputación, la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, sitúe "al borde de la indefensión y del escarnio público gratuitamente" a servidores públicos honestos.

"Quizá esta imputación no llegue a ningún sitio pero el daño político y personal que están padeciendo ya estas personas será irreparable", ha indicado Vázquez en una nueva entrada en su blog persona, consultado por Europa Press, referida al auto de la juez en el que imputa a 20 cargos y excargos de la Junta de Andalucía.

 

Vázquez ha recurrido a un símil para expresar la sensación que le produce el último auto de la juez: "resultaría chocante culpar a un fabricante de coches del accidente de tráfico de un conductor negligente" y nadie entendería "que el productor de un vehículo fuera el responsable de un siniestro porque el que fuera al volante no hubiera respetado el código de circulación o condujera con índices no permitidos de alcohol en la sangre".

 

Ha indicado además que la juez, casualmente, imputa "a los que no están aforados para no perder la causa, dentro de la investigación de un posible fraude en los expedientes de regulación de empleo".

 

Vázquez ha querido dejar claro, ante todo, que le "repugna" el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, "donde un alto cargo, no éstos que señala la instructora, en connivencia con una trama externa de aseguradoras y comisionistas han defraudado dinero público".

 

Sin embargo, ha lamentado que la magistrada señale ahora a unos servidores públicos "honestos y responsables, por el mero hecho de cumplir una ley, la ley de Presupuestos aprobada todos los años en el Parlamento, y se les somete a la pena del telediario sin atribuirle ningún delito".

 

"¿Por qué se les apunta con el dedo acusador?", ha preguntado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha señalado que reputados penalistas y catedráticos de Derecho entienden que en la actuación política y administrativas de estos antiguos cargos "no es constitutiva de delito".

 

"Dicho de otra forma, que se les imputa al margen del Código Penal".