José María Burgos pide a la Defensora del Pueblo que no cese en su esfuerzo por ayudar a los afectados por las Preferentes

El senador socialista por Ávila, José María Burgos, pidió esta mañana a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, "que no ceje en su empeño de seguir defendiendo a los cientos de miles de pequeños ahorradores afectados por la estafa de las participaciones preferentes y que han sido abandonados a su suerte por el Gobierno"

Burgos intervino en la Cámara Alta durante la presentación del informe correspondiente a la gestión realizada por la Defensora del Pueblo durante el año 2012. El parlamentario del PSOE comenzó subrayando la relación entre los recortes económicos y presupuestarios y la merma de derechos básicos y aseguró que “cuando el tajo es más profundo, mayor es la herida, mayor es la trascendencia del derecho vulnerado hasta llegar a los más básicos”.

 

En este sentido, afirmó que “la mezcla explosiva de recortes presupuestarios, con recortes de derechos y, la puesta en venta de muchos servicios públicos, en sus distintas versiones (tasas, copago, etc…) hará que la institución del Defensor del Pueblo incremente su actividad”. A su juicio, “la tozuda política maximalista y sin sentido de este Gobierno de austeridad y reducción del déficit público a ultranza, a golpe de real decreto, no hace presagiar sino un galopante e incontenible deterioro en los servicios públicos con la consiguiente presión sobre los ciudadanos”.

 

Seguidamente, subrayó que durante el año 2012, las quejas colectivas o agrupadas, que se refieren en su mayoría a disfunciones de servicios públicos, han crecido un 170% y las solicitudes de recursos al constitucional, relacionadas con la pérdida de derechos fundamentales de los ciudadanos, un 11.137,45%, en tan sólo un año. Una cifra sin precedentes en la historia del Defensor del Pueblo que supone un incremento brutal de reclamaciones en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

José María Burgos destacó una de estas quejas que refleja la desprotección absoluta en la que se encuentran algunos ciudadanos y se refirió a la gravísima situación de multitud de pequeños ahorradores atrapados en las redes de las participaciones preferentes y a la deuda subordinada tendida sobre la desinformación por bancos y cajas.

 

Burgos calificó de “estafa” la comercialización de preferentes y recordó que en 1997 los grandes bancos, primero, y, después, las cajas más importantes comenzaron a colocar estas participaciones, presionando y manipulando a sus propios empleados, incluso a sus mejores clientes, garantizándoles que era un producto seguro y rentable, que lo podrían rescatar cuando quisieran, aunque sin advertirles que para poder venderlo tendría que haber un comprador de la propia entidad, mientras tanto, el Banco de España y la CNMV advertían de que era un producto censurable y por tanto, peligroso y complejo.

 

A continuación, indicó que los clientes de las Cajas que hoy integran Bankia, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Canarias, Bancaja y Caja Laietana, sufrieron el agravante de verse presionados para convertir las preferentes en acciones de Bankia y criticó que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a preguntas sobre las preferentes, utilizara la contestación del manual del PP, que vale para un roto y un descosido: “Es cosa de la herencia”.

 

 

José María Burgos desmintió esta afirmación, recordó que este producto comenzó a venderse en 1997 con el BBVA y destacó que el Grupo Socialista, dando muestras de su máxima voluntad de colaboración para la solución de este drama, le tendió la mano al Gobierno para apostar por un arbitraje real. “No por una mera operación de maquillaje, puntualizó, como la que supone el arbitraje que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. No por un arbitraje que tan sólo afectará, aproximadamente, al 3% de tenedores de preferentes y a ningún tenedor de acciones procedentes de preferentes y tampoco por un arbitraje como el que la Comisión Rectora del (FROB) ha aprobado en relación a Bankia, que es insuficiente y presenta graves deficiencias”.

Burgos recalcó que el Real Decreto aprobado, el pasado viernes 22 de marzo, confirma que el Gobierno ha abandonado a su suerte a estos ahorradores, en su mayoría engañados, pues, ni se ajusta a lo que en su día anunció el Gobierno, prometiendo medidas que garantizaran a los afectados la recuperación de buena parte de lo invertido, ni a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, ya que, el texto aprobado aplica el canje y la quita a la totalidad de los titulares, sin tener en cuenta quien ha podido ser engañado y quien no, además de aplicar unos recortes desorbitados que oscilan entre el 38 y el 61% de pérdidas, que abocan a la imposible recuperación de invertido por los ahorradores. En el caso de los inversores de Bankia, entre los que se encuentran los antiguos clientes de Caja de Ávila, lo perderán prácticamente todo, en tanto el precio de sus acciones ha quedado fijado en torno a un céntimo.

 

Por todo ello, aseguró que “los socialistas apostamos por un mecanismo de solución paralela para quienes fueron estafados en sus inversiones, por el que el Gobierno obligue a entidades como Bankia a devolver el total del dinero de las preferentes a todos los clientes minoristas”.

 

En este sentido, defendió la realización de una auditoría de todos los titulares que debiera ser dirigida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).También apostó por localizar a los engañados y establecer una ecuación de canje que permita devolver sus ahorros a los estafados en un plazo máximo de 3 años.

 

Además, propuso la incorporación al proceso, con carácter imprescindible, a las entidades que constituyeron Bankia, protagonista del mayor fiasco bancario español y la financiación de los reintegros de ahorros con cargo a los fondos públicos, incluso si ello requiere la emisión de deuda pública.

 

José María Burgos, reivindicó la labor de la Defensora del Pueblo para reforzar la protección de los afectados y para la puesta en marcha de un mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo al respecto y añadió que sus recomendaciones han sido ignoradas por el Gobierno.

 

Burgos reclamó a la Defensora del Pueblo que, en su condición de alta comisionada para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no ceje en el cumplimiento de ese que debe ser el norte en su actuación, en este caso, en relación a cientos de miles de ahorradores de buena fe abandonados, ya definitivamente por el Gobierno, a su suerte. “En una coyuntura de crisis económica, matizó, pero también de crisis ética, institucional y política, donde los derechos de la ciudadanía están siendo vulnerados más que nunca, la institución que representa ha de hacer valer su independencia, su prestigio y su rigor”.

 

El senador por Ávila concluyó afirmando “la democracia, más que nunca, precisa de instituciones sólidas y comprometidas con esa cruda realidad social a la que, cada día, se enfrentan más ciudadanos y en esta batalla de auténtica resistencia frente a la desolación totalitarista de los mercados y de sus interesados arribistas, más que nunca, no sobra nadie, y mucho menos la Institución que usted representa. Ayudar al que lo que necesita no es sólo parte del deber, es una parte importante de la felicidad. No se inhiba, ahora, en ese empeño, porque luego puede que ya sea tarde”.