José María Burgos considera que la Ley de Montes es un atajo hacia la privatización y negocio de los terrenos forestales

El senador socialista considera que la norma es un ladrillo pintado de verde y que es una ley para los amigos del Partido Popular. 

Acaba de cumplirse un mes de la aprobación de la Ley de Montes. José María Burgos la considera innecesaria y asegura que “forma parte de una batería legislativa tremendamente agresiva en materia medioambiental que el PP ha puesto en marcha desde que llegó al Gobierno”.


    
“El nuevo texto legal responde únicamente a criterios economicistas y se olvida del binomio de la ecología y la economía. Ambos elementos son perfectamente compatibles, y además, en el supuesto de que una parte de los montes en España no sea rentable, hay que protegerlos igualmente”.
Lo cierto es que los incendios en España durante el verano son el pan nuestro de cada día, pero la incidencia y la mano del hombre detrás de muchos de ellos, han disparado las especulaciones sobre el beneficio económico que propicia la Ley de Montes del PP. “Estamos hablando de una ley que regulará más del 54% de la superficie total del país. Un total de casi 30 millones de hectáreas que en la actualidad son suelo forestal y de las cuales dos tercios están en manos privadas. Terrenos que podrán convertirse en urbanizables si el fuego les pasa por encima”.

 

Asimismo, el senador socialista ha manifestado que con esta ley “se ha querido ir contra los agentes forestales, puesto que ya no podrán presentar informes directamente a los juzgados y sólo podrán participar en la primera parte de la investigación cuando se perpetre un delito medioambiental, como puede ser provocar un incendio. Un ataque que se suma a otros que está sufriendo el colectivo de agentes forestales y las brigadas de refuerzo (BRIF)”. 

 

“La norma, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, incluye una enmienda por la que se permitirá construir en un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden”, ha señalado José María Burgos.