José Luis Collado asegura que su socio de la residencia Asidema se ha negado a pagar a los trabajadores

Residencia Asidema.

José Luis Collado, coadministrador de la residencia Asidema, afirma que su socio Luis Carlos García-Cruces ha dado de baja, de manera "fraudulenta y unilateral", el código de cotización de la Seguridad Social y por esta razón, desde diciembre de 2015 los trabajadores "se encuentran desprotegidos". 

Asegura José Luis Collado que cuando adquirieron la residencia "heredamos una importante deuda con la Seguridad Social y con Hacienda", que a pesar de que "no la habíamos generado nosotros, hemos tenido que ir haciendo frente de manera puntual, según el plan de pagos que establecimos". 

 

Recalca Collado que han surgido entre él y su socio Luis Carlos García-Cruces "divergencias importantes" en el criterio de gestión del centro y, en definitiva, de "la administración de la empresa". "Tras sus reiteradas negativas (registradas todas por escrito y/o ante notario) tanto a comprar mi parte de la empresa, como a vender su parte, como a poner a la venta el conjunto de la misma, o habilitar la entrada de capital mediante una ampliación, decidí que había que sanear la situación económica y financiera de la empresa, para cerciorarnos de su viabilidad, y poder cumplir con todas las deudas con las Administraciones Públicas, así como con todos nuestros proveedores, antes de repartir beneficios en forma alguna. La respuesta de Luis Carlos García-Cruces a esta decisión fue que en el mes de mayo de 2015 manifestó que “si él no cobraba, nadie iba a cobrar nada” (sic), ha afirmado.

 

Asimismo reconoce este socio de Asidema que García-Cruces manifestó tanto de modo verbal, como por escrito incluso a los propios trabajadores (incluida su representante sindical de UGT, sin que desde este sindicato hayan mostrado en modo alguno su reprobación a esta decisión injusta de García-Cruces), a quienes informó de que "él no daba autorización para pagar sus nóminas por escrito", ha ido acompañada de otras en respuesta a cada paso que "yo daba junto con mi equipo jurídico en pro de una solución".

 

Afirma José Luis Collado que entre las decisiones tomadas por su socio se encuentran las de negarse a cobrar la mensualidad a los residentes, con lo que implica por su intención de "estrangular económicamente a la empresa"; negarse a pagar a los proveedores y a los trabajadores; negarse a "comprar mi parte de acciones, como a vender la suya, o a abrir la posibilidad de que entre capital en una ampliación"; dar de baja, de manera fraudulenta y unilateral, el código de cotización de la Seguridad Social, y por esta razón, desde diciembre de 2015 los trabajadores se encuentran desprotegidos. 

 

Manifiesta que la Tesorería General de la Seguridad Social en Ávila está teniendo un papel "muy activo e inexplicable en esta situación". Por alguna razón que desconoce, y para cuya investigación ha pedido auxilio policial y judicial (denuncia ante la Policía Nacional, admitida a trámite), en la TGSS "no me autorizan a rehabilitar el código sin la firma mancomunada de mi socio, cuando permitieron que García-Cruces lo diera de baja sin mi firma". "En la TGSS no me facilitan la cuantía exacta de la deuda, y cada vez que lo pido me dicen una cantidad al azar. No me dejan pagar, a pesar de que les pido que me habiliten el modo de poder cumplir con mis obligaciones en este sentido. No me dejan pagar, pero me siguen aplicando recargos y recargos, contribuyendo al estrangulamiento de la empresa, y lo que recaudan a través de los embargos, no me dicen a qué concepto lo aplican", ha denunciado Collado. 

 

A la TGSS parece "no importarle en absoluto ni la seguridad de casi 50 trabajadores, ni el bienestar de casi 100 residentes, ni tampoco la importancia que una empresa como la nuestra tiene para la ciudad". Si la TGSS se ha empeñado en enviar “embargos preventivos” no hay flujo de tesorería alguno, y por tanto es "materialmente imposible que pueda pagar ni a los trabajadores ni a los proveedores". Parece que la TGSS no es consciente de que "el dinero que ingresan los mayores es con lo que se pagan las nóminas, los proveedores y los impuestos entre otras cosas; y si la TGSS lo retiene en su totalidad “de forma preventiva”, la empresa está condenada al cierre". 

 

"Quiero resaltar la actitud inexplicable de García-Cruces y de la TGSS, y en concreto de algunas de las personas que ahí trabajan como funcionarios públicos, cuyo comportamiento he puesto en conocimiento de la Policía Nacional para que determinen en sede judicial si son constitutivos de varios delitos del Código Penal, entre otros Prevaricación del art 404 C.P, extorsión art 243 C.P. COHECHO art 419 y 420 C.P. falsedad documental art. 392 C.P., Omisión del deber de perseguir delitos, art 407 C.P., delito contra la Seguridad Social art 307 C.P., y de un delito contra los trabajadores art 311 C.P", ha manifestado Collado.

 

José Luis Collado reconoce que a pesar de que estos meses "he conseguido con mucho esfuerzo, mediante la figura de una entidad gestora de cobros y pagos, ir haciendo frente al pago de las nóminas, impuestos y otras facturas, así como cobrar a los residentes (lo que garantiza que no pierden las ayudas vinculadas que algunos disfrutan), la intercesión de la TGSS con su decisión inexplicable hace que esto ya no sea posible", y que si no desiste en su actitud, o si un juez no resuelve a tiempo, "será inevitable que la empresa cierre". Y ello supone medio centenar de empleos directos que se pierden, más otros 100 indirectos al menos; y 100 familias abulenses que tendrán que resolver cómo atienden a sus mayores.


"Está en mi ánimo tratar de luchar por todos estos empleos, y por el hogar en que se ha convertido para un centenar de personas. Está en mi ánimo tratar de que los tribunales resuelvan el conflicto que mantengo con García-Cruces, y para ello solicité auxilio judicial y medidas cautelares. Pero mi solicitud no se estimó porque los estatutos de nuestra sociedad recogen que nos sometemos a la Corte Arbitral. Sin embargo, en este proceso los jueces han amparado mis decisiones, han recogido como probadas las decisiones de García-Cruces que recojo en este comunicado, y han manifestado que el Código Civil ya contempla, en su artículo 1694, la solución para los casos de administración mancomunada en que se produzca conflicto. Han desestimado todas las peticiones de García-Cruces y su despacho de abogados, y se están investigando todos los hechos relacionados con la TGSS de Ávila, por cuanto se muestran inexplicables e injustificados". 

 

Y por último, quiere manifestar también el desconcierto por la falta de profesionalidad y la violación del código deontológico del despacho de abogados ACGC, que lo fuera de la Sociedad Coymávila 2000, y en el conflicto entre socios se han posicionado del lado de uno de ellos: "la razón no es otra que el parentesco", pues uno de los socios del despacho es hermano de García-Cruces.

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