Izquierda Unida solicita la adhesión del Ayuntamiento de Ávila al Convenio del Fondo Social de Vivienda

La formación de izquierdas ha registrado una propuesta con la que se pretende dar acceso a una vivienda a las personas que han sido desalojadas de su vivienda habitual a cambio de un contrato de arrendamiento en función de los ingresos disponibles

El grupo municipal de Izquierda Unida solicita la adhesión del Ayuntamiento de Ávila al Convenio del Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler puesto en marcha recientemente con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas, a un coste asumible, a las personas que han sido desalojadas por impago de un préstamo bancario. Un fondo puesto en marcha por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones No Gubernamentales), las plataformas bancarias y 33 entidades de crédito.

 

A través de un escrito registrado en sede municipal, “y con el fin de que este asunto se aborde con la mayor celeridad posible en Junta de Gobierno para su aprobación”, señala Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, entiende que el consistorio abulense “no sólo está en condiciones de adherirse al mismo, sino que está obligado a dar respuesta a las situaciones de crisis que viven algunos vecinos, ayudando a buscar salidas y soluciones a las mismas”. En este caso la formación de izquierdas entiende que el problema de la vivienda se ha convertido, junto al empleo, en uno de los asuntos más preocupantes para la sociedad, “dejando a la luz casos dramáticos a los que hay que tratar de buscar una solución”.

 

La puesta en marcha de este fondo social de viviendas vino dado por el Real Decreto-Ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios, que en su disposición adicional única señala que “se encomienda al gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en el artículo 1 del presente real decreto-ley. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.”

 

Recuerda Montserrat Barcenilla "que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se facilita a las entidades locales interesadas en la firma de este convenio su incorporación como instituciones colaboradoras, siendo los servicios sociales de los ayuntamientos adheridos los encargados de emitir los informes sobre la situación social de los demandantes, a petición de las entidades de crédito".