Izquierda Unida sitúa el marco de Europa como el escenario para la defensa del derecho a la vivienda

La formación de izquierdas exige la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que marca la incompatibilidad de las leyes de desahucio de España con las directivas europeas. “"Que 39.000 familias hayan perdido su vivienda en 2013 son cifras inasumibles para cualquier gobierno”", señala José Alberto Novoa.

"Europa “es el marco desde el que podemos y debemos defender el derecho a la vivienda y tratar de acabar con las políticas especulativas que han llevado en España a que 39.000 familias perdieran en 2013 su vivienda habitual". José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida, destaca la necesidad de emprender “desde Europa una adecuada política de vivienda no sólo para defender la misma como un bien imprescindible de las personas sino como un sector que, sólo con la rehabilitación, podría suponer la generación de 400.000 puestos de trabajo”, estima la formación de izquierdas, que denuncia que “España está a la cola de inversión en la rehabilitación del parque de vivienda”.


Junto a la vivienda como un sector “desde el que fomentar el empleo, prioridad de Izquierda Unida en estos comicios europeos”, José Alberto Novoa muestra su malestar tras conocer los datos oficiales de 2013, en el que “39.000 familias perdieron su vivienda habitual”. Para el coordinador provincial de Izquierda Unida “son cifras inasumibles para cualquier gobierno. Esto es algo que no puede ni debe seguir sucediendo, porque la vivienda debe ser un derecho fundamental para las personas”. Por ello José Alberto Novoa destaca la presencia en el programa electoral de la formación de izquierdas el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, “que ya dijo que las leyes de desahucio en España son incompatibles con las directivas europeas”.


De este modo la formación de izquierdas propone el fomento de los parques públicos de vivienda con la suficiente dotación en los mismos como para asegurar el derecho constitucional, prohibiendo que las administraciones públicas desahucien de los mismos a las familias ante la imposibilidad de poder pagar las viviendas por sobre endeudamiento. “Se trata de establecer una política completa para la lucha contra los desahucios, reformando las leyes estatales adoptando las medidas de la ILP para la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social”. Para José Alberto Novoa, “en definitiva se trata de beneficiar a los ciudadanos sobre las prácticas abusivas en beneficio de la banca”.