Izquierda Unida muestra su satisfacción por la adhesión del Ayuntamiento de Ávila al convenio del Fondo Social de Vivienda

El grupo de izquierdas registró recientemente esta propuesta encaminada a facilitar el acceso a una casa a las personas que han sido desalojadas de su vivienda habitual a cambio de un arrendamiento en función de los ingresos disponibles

El grupo municipal de Izquierda Unida muestra su satisfacción por la aprobación, en la Junta de Gobierno celebrada este jueves, de la propuesta registrada recientemente por la formación de izquierdas y que solicitaba la adhesión del Ayuntamiento de Ávila al convenio del Fondo Social de Vivienda, un convenio que pretende facilitar el acceso a la vivienda, a un coste asumible, a las personas que han sido desalojadas por impago de un préstamo bancario. Un convenio gestado recientemente por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones No Gubernamentales), las plataformas bancarias y 33 entidades de crédito.

 

“Estamos satisfechos por la aprobación, y la celeridad con la que se ha abordado la misma, de una medida con la que la administración más cercana a los ciudadanos, el ayuntamiento, se convertirá en intermediario –pasa a ser el encargado de emitir los informes sobre la situación social de los demandantes, a petición de las entidades de crédito- entre aquellas personas que se han quedado sin casa y las viviendas puestas a disposición por las entidades bancarias firmantes del convenio” señala Montserrat Barcenilla, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, que se han marcado el problema de la vivienda “como una prioridad. Si lo es para los ciudadanos, lo es para nosotros”, señala la portavoz en un mes en el que la formación de izquierdas presentará en el próximo pleno municipal la necesidad de instar a la Junta de Castilla y León a adoptar el ‘modelo andaluz’ y aprobar el decreto ley para garantizar la función social de la vivienda.

 

La puesta en marcha de este fondo social de viviendas vino dado por el Real Decreto-Ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios, que en su disposición adicional única señala que “se encomienda al gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en el artículo 1 del presente real decreto-ley. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.”

 

“Estamos ante un pequeño paso a partir del cual hay que seguir trabajando” indica la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, ya que recuerda que “a partir de ahora deben ser las entidades bancarias las que pongan a disposición de este fondo social todas las viviendas que sean posibles”.