Izquierda Unida exige la inmediata incorporación de los trabajadores de NISSAN

José Alberto Novoa, coordinador provincial de IU, exige la intervención de la Junta de Castilla y León “ante el incumplimiento manifiesto de los acuerdos alcanzados en su momento” y señala su preocupación ante un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores

Izquierda Unida de Ávila muestra su “total solidaridad” con los trabajadores de la factoría abulense Nissan ante los acontecimientos ocurridos en los últimos días en los que la empresa tomaba la decisión de no reincorporar a 17 empleados con derecho a regresar a sus puestos de trabajo tras ser despedidos en el año 2010.

 

Un hecho que preocupa “y mucho” a la formación abulense “porque contraviene lo pactado en su momento entre la empresa y las administraciones en el marco del Plan de Acompañamiento Social por el que en 2010 la empresa recortaba su plantilla en 147 trabajadores con el compromiso de volver a admitir a parte de los despedidos” señala José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida, tras la denuncia realizada por el Comité de Empresa.


Situación ante la que Izquierda Unida es clara y contundente. “Exigimos la reincorporación de los trabajadores afectados por esta medida y el cumplimiento de lo pactado” señala José Alberto Novoa, que traslada “todo el apoyo” de la formación de izquierdas a los trabajadores frente a unas circunstancias “ante las que permaneceremos vigilantes para que se hagan cumplir los derechos de los trabajadores”, dejando claro que “no es garantía ninguna que la factoría apunte en estos momentos que la incorporación se realizaría en julio”. Un compromiso “vano tras el incumplimiento”.


“Una vez más se da la circunstancia de que son los trabajadores los que sufren las consecuencias de la falta de rigor por parte de la empresa y de la Junta de Castilla y León a la hora de hacer valer lo pactado en 2010, que acordaba la reincorporación de 17 trabajadores despedidos en su momento a fecha 1 de abril de 2014” explica José Alberto Novoa, que ante los hechos ocurridos exige la implicación de la Junta de Castilla y León. “La administración regional debe pedir explicaciones a la empresa y velar por el efectivo cumplimiento de lo pactado en su día, toda vez que la propia Junta de Castilla y León hizo una apuesta económica importante en su momento para garantizar la factoría en Ávila” recuerda.


Para el coordinador provincial de Izquierda Unida “la falta de precisión en los cálculos de mercado no pueden traer como consecuencia, una vez más, la inseguridad para los trabajadores, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados e incluso la necesidad de los afectados a recurrir a los tribunales, como puede llegar a ser el caso, para defender sus derechos”.