Izquierda Unida apoya al Colegio de Procuradores y denuncia la injusticia de las tasas judiciales

Representantes de la formación de izquierdas y del órgano colegial de Ávila pudieron constatar las coincidencias en las posturas entre ambas partes sobre los distintos temas abordados en una reciente reunión de trabajo

Izquierda Unida de Ávila y los representantes del Colegio de Procuradores de Ávila pudieron constatar las coincidencias de posturas entre ambas partes sobre los distintos temas abordados en una reunión en la que se puso sobre la mesa la necesidad de que el ejercicio de la procura deber permanecer separado de la labor de defensa que desarrollan los abogados.

 

Algo que pretende hacer compatible la reforma planteada por el Partido Popular a través de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, una ley ante la que los procuradores abulenses ya han mostrado su indignación y rechazo unánime por lo que consideran que supondrá un incremento de los gastos y del trabajo gestor para la Administración de Justicia, pérdida de eficacia y agilidad en el trabajo o la quiebra absoluta del principio de tutela judicial efectiva. En definitiva unas nefastas consecuencias para el ciudadano y la Administración de Justicia.


En el encuentro de trabajo celebrado entre ambas partes se coincidió en afirmar que la compatibilidad que se pretende entre las profesiones de abogado y procurador de los tribunales irá en detrimento del servicio prestado a la ciudadanía.


Paralelamente los representantes de Izquierda Unida de Ávila y el Colegio de Procuradores convinieron en analizar que la imposición de tasas judiciales vulnera las garantías universales de acceso a la justicia, generando una grave situación para los ciudadanos que no cuenten con recursos económicos suficientes. Una vulneración grave del principio de igualdad en el acceso a la justicia y en la que la formación de izquierdas trasladó las distintas actuaciones que desde Izquierda Unida se han venido realizando ante la Ley de Tasas.

 

Precisamente recientemente se daba a conocer que las apelaciones han caído en cifras cercanas en un 50% en Ávila desde la entrada en vigor de la nueva ley debido a razones económicas. Para Izquierda Unida de Ávila el pago de un mínimo de 850 euros no está al alcance de los ciudadanos, negando con ello el artículo 24 de la Constitución, que hace referencia a la tutela judicial efectiva.