IU recuerda que los criterios de selección del Plan de Empleo Local “los determina el propio plan y no cada ayuntamiento”

Santiago Jiménez

Santiago Jiménez, portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, contesta al Ayuntamiento de Sotillo que "la selección de personal debe hacerse en base a pruebas objetivas". Recuerda que los acuerdos municipales para otras subvenciones "no son aplicables".

Izquierda Unida ha querido puntualizar las declaraciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Sotillo de La Adrada tras la denuncia efectuada por el portavoz de esta formación en la Diputación Provincial, Santiago Jiménez, que puso de manifiesto cómo dos trabajadores fueron excluidos bajo criterios “subjetivos y entendemos irregulares” en los procesos de selección de trabajadores para el Plan de Empleo Local de la Junta de Castilla y León en el marco del Diálogo Social.

 

Si bien el Ayuntamiento de Sotillo de La Adrada ha alegado un acuerdo municipal por el que se excluye a quien ha trabajado más de 60 días durante el último año en el ayuntamiento para justificar la exclusión de dos trabajadores, Santiago Jiménez advierte que "los criterios del Plan de Empleo Local están claramente marcados".

 

Asegura que "no se trata de una subvención que cada municipio pueda manejar en base a sus propias normativas, sino que son la Junta de Castilla y León, la Patronal, UGT y CC.OO. los que han marcado los criterios objetivos bajo los cuales el ECYL ha remitido a los ayuntamientos los candidatos a cada puesto de trabajo, y corresponde a los municipios la realización de una prueba objetiva en base al empleo al que se opta para determinar la selección final de cada personal".

 

Es por ello que Santiago Jiménez recuerda al Ayuntamiento de Sotillo que "todo acuerdo municipal queda al margen de la normativa bajo la cual se desarrolla este plan".

 

No obstante, y tras el requerimiento que el diputado provincial realizó públicamente para que sean los propios actores de este plan los que vigilen estos procesos, Santiago Jiménez remitirá a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila y firmantes una carta, “tras trasladarles de manera informal el asunto”, a fin de que se pronuncien.