IU-ICV-CHA exige al Gobierno que retire la Ley de Costas hasta que se aclare si hay conflicto de intereses con el PP

Playa de Águilas
La portavoz de Medio Ambiente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, junto con el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, han presentado en la Cámara Baja una iniciativa en la que exigen al Gobierno que retire el proyecto de Ley de Costas hasta que se aclare si hay conflicto de intereses con el Partido Popular.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La diputada de ICV argumenta en esta proposición no de ley que, tal y como su formación expresó en la enmienda de totalidad al texto de Costas presentado por el Gobierno, "el Ejecutivo con este proyecto de ley se olvida de la costa, la deja a su suerte, o más bien la deja en manos privadas".

Así, ha recordado que, según el informe 'Amnistía a la Destrucción', elaborado por Greenpeace, uno de los "beneficiarios" del reforma de Ley de Costas que se está tramitando en el Congreso de los Diputados es el Grupo Villar Mir. "Juan Miguel Villar Mir posee a través del Grupo Villar Mir empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras, Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria)", agrega.

Según justifica la diputada, estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre se ven beneficiadas de los recortes de protección de la nueva Ley de Costas. Además, apunta que la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerína, a las órdenes del titular de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es la exdirectora de Planificación de Fertiberia.

Por todo ello, Ortiz considera que "de ser cierta las informaciones aparecidas, se refuerza la sospecha de la existencia de intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas y se hace imprescindible la paralización de su tramitación parlamentaria que se aclaren los pagos de constructores al Partido Popular".

"La privatización de la costa ya es un escándalo en sí mismo pero la posibilidad de que se haga a favor de empresarios que pueden haber financiado ilegalmente al Partido Popular supondría una de las mayores estafas a los ciudadanos de nuestra democracia", sentencia.