IU denuncia la pasividad de las Administraciones ante los vertidos del Tiemblo en el Alberche

Izquierda Unida de Ávila ha denunciado este lunes la pasividad de las Administraciones con respecto a los vertidos de aguas residuales que el Ayuntamiento del TIemblo realiza en el río Alberche y ha instado al consistorio tembleño a solucionar los problemas que impiden la recepción de la depuradora instalada hace ya dos años

El diputado provincial por IU, Santiago Jiménez, junto al concejal de esta formación en el ayuntamiento del Tiemblo, Miguel Ángel Gallego, han pedido este lunes al consistorio tembleño que adopte las medidas oportunas para solucionar los problemas que impiden la puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales de este municipio que, a pesar de tenerla instalada hace más de dos años, sigue realizando vertidos al río Alberche.

 

Jiménez ha recordado que el hecho fue denunciado en varias ocasiones durante 2012 y ha indicado que a comienzos del pasado mes de febrero fue trasladado tanto al Seprona como a la Confederación Hidrográfica del Tajo sin obtener respuesta hasta el momento.

 

Estas denuncias, según ha señalado Jiménez, han sido puestas en conocimiento tanto del Delegado de la Junta de Castilla y León como del Subdelegado del Gobierno. Este último respondío a esta formación manifestando que el Seprona ha remitido un informe de los hechos a la CHT y que, puestos en contacto con el Ayuntamiento del Tiemblo, este ha informado de que va a proceder a adoptar las medidas necesarias para corregir la situación, respuesta que no ha convencido al diputado provincial porque "llevan ya dos años para corregirla".

 

De igual manera, Izquierda Unida ha trasladado esta denuncia a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y han instado a la fiscalía provincial a que tome cartas en el asunto.

 

Miguel Ángel Gallego, por su parte, ha recordado que el Ayuntamiento del Tiemplo incumple una Directriz Comunitaria que obliga a todos los ayuntamientos a depurar sus aguas residuales desde 2006.