Industria no fija servicios mínimos para las televisiones como se hacía antes de la Ley Audiovisual

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no fijará servicios mínimos para las televisiones privadas de cara a la huelga general convocada para este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio. Hasta la entrada en vigor de la Ley Audiovisual en 2010, el ministerio fijaba esos servicios mínimos al entenderse la actividad de las cadenas como un "servicio público".
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no fijará servicios mínimos para las televisiones privadas de cara a la huelga general convocada para este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio. Hasta la entrada en vigor de la Ley Audiovisual en 2010, el ministerio fijaba esos servicios mínimos al entenderse la actividad de las cadenas como un "servicio público".

De hecho, incluso después de la aprobación de esa ley, con motivo de la huelga general celebrada el 29 de septiembre de 2010, Industria dictó una orden en la que impuso a las cadenas unos servicios mínimos "estrictamente necesarios para garantizar la prestación del servicio esencial" de información que implicaban la emisión de "programas informativos en sus horarios habituales, reduciendo en un 20 por ciento su duración habitual". Asimismo, se establecía un porcentaje mínimo del 12 por ciento del personal de la empresa.

No obstante, posteriormente la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estimó un recurso interpuesto por la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) a esta orden y estableció que, a partir de la entrada en vigor de la Ley General Audiovisual, que se aprobó en 2010, la actividad desarrollada por estas empresas no puede ser calificada como de "servicio publico" y por tanto, no se les puede imponer servicios mínimos.

En este sentido, la sentencia indica que la aprobación de la Ley General Audiovisual derogó el Estatuto de la Radio y la Televisión anterior que disponía que "la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado" y la Ley de Televisión Privada, que regulaba la gestión indirecta, por sociedades anónimas y empleando para ello la técnica concesional del servicio público esencial de la televisión, cuya titularidad correspondía al Estado.

Así, el Tribunal argumentó que la Ley General Audiovisual abandonó el "esquema típico de intervención de servicio público, vigente hasta entonces, a favor de otra tipología de regulación económica cual es la de servicios de interés general".

Por ello, la Audiencia Nacional concluyó que en el caso concreto de la huelga general de 2010 no estaba legitimada la restricción del derecho de huelga en las televisiones privadas con una pretendida protección de "servicios esenciales de la comunidad" puesto que tales "servicios esenciales" ya no corresponden a las televisiones privadas.