Imputación de Artur Más

Por Jesús Manuel Jiménez Berrón

La reciente noticia de la imputación de Artur Mas por presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, aun cuando se sospechaba que podría suceder más pronto que tarde, ha suscitado en la opinión pública múltiples y diversas reacciones dependiendo fundamentalmente de criterios más ideológicos y políticos que jurídicos y aprovechando la coyuntura de la situación de resaca postelectoral por la que atraviesa la Comunidad Autónoma Catalana tras las recientes elecciones autonómicas.

 

Si bien es cierto que en un Estado de Derecho proclamado por la Constitución nadie está por encima de la ley y menos aún las personas que ostentan el poder y la representación de los ciudadanos en las instituciones esenciales y básicas del Estado, quienes están obligados a cumplirla y acatarla no sólo desde el punto de vista jurídico sino también ético y moral, no es menos cierto que se me antoja prematuro emitir un dictamen jurídico de valor, no sólo porque carezco de los elementos de juicio suficientes que conforman las actuaciones judiciales o la instrucción de la causa, sino también por el principio constitucional de presunción de inocencia que igualmente acoge y protege a todos los ciudadanos, sin excepción. En consecuencia es prudente, preciso y conveniente dejar actuar a la Justicia con total libertad y sin intromisión alguna pues su obligación última es dictar la resolución más justa y ajustada a derecho; y si al final es condenado, que asuma sin paliativos todas las consecuencias.

 

Sin embargo desde el punto de vista ideológico o político, no puedo abstraerme a transmitir mi perplejidad ante las declaraciones que he escuchado al actual ministro de Justicia cuando le han preguntado acerca de la imputación, en este momento, de Artur Mas. Si, como ha manifestado, su intención ha sido jugar con los tiempos y no mezclar los tiempos de la política con los de la Justicia, entonces la Justicia aparece como mediatizada e intervenida por la presión del poder político, en este caso del Ejecutivo, aunque sólo fuere en las formas; y en un Estado de Derecho, la Justicia debe ser totalmente libre e independiente en las formas y en el fondo y el poder político debe mantenerse al margen y sin la más mínima intromisión. Lo contrario sería también vulnerar la Constitución, romper el equilibrio de poderes y, en estos momentos, dar pábulo a quienes equivocada e injustamente desean romper con la unidad de España.

 

Por una Justicia libre, independiente e igual para todos, incluidos nuestros compatriotas los catalanes.