GarzĂłn, inhabilitado durante 11 aĂąos por las escuchas de la 'trama GĂźrtel'

Ha sido una decisiĂłn unĂĄnime del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar GarzĂłn a 11 aĂąos de inhabilitaciĂłn en el ejercicio de su cargo por autorizar la intervenciĂłn de las comunicaciones que mantuvieron en prisiĂłn los cabecillas de la trama 'GĂźrtel' con sus abogados.

El fallo ha sido comunicado personalmente al aĂşn titular del Juzgado Central de InstrucciĂłn nĂşmero 5, que se desplazĂł esta maĂąana a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, GarzĂłn ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.

El tribunal, presidido por el magistrado JoaquĂ­n GimĂŠnez, ha dado a conocer este jueves la sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados AndrĂŠs MartĂ­nez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena --instructor del caso de los cobros de Nueva York-- y Luciano Varela --instructor de la causa contra GarzĂłn por investigar los crĂ­menes del franquismo--.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentĂł en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricaciĂłn y otro de uso de artificios de escucha y grabaciĂłn con violaciĂłn de las garantĂ­as constitucionales. Ayer mismo quedĂł visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra ĂŠl en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricaciĂłn cometido al investigar los crĂ­menes franquistas careciendo de competencia para ello.

Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declarĂł su inocencia, asegurĂł que en todo momento garantizĂł el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la mĂĄs estricta legalidad".

El abogado de la acusaciĂłn Ignacio PelĂĄez, defensor del empresario imputado en el caso GĂźrtel JosĂŠ Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedĂ­a una pena de 10 aĂąos de inhabilitaciĂłn. Mientras tanto, los letrados Antonio ChoclĂĄn y Pablo RodrĂ­guez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitaciĂłn se prolongara entre 17 y 15 aĂąos.

Los fiscales Pilar FernĂĄndez Valcarce y AntolĂ­n Herrero no presentaron acusaciĂłn y solicitaron la absoluciĂłn del magistrado al defender que la intervenciĂłn pretendĂ­a evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque tambiĂŠn se ordenĂł el 'pinchazo' de las entrevistas entre presos y abogados.

El titular del Juzgado Central de InstrucciĂłn nĂşmero 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricaciĂłn cometida al investigar los crĂ­menes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habrĂ­a podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.