GallardĂłn adelanta que consultarĂĄ con cada comunidad antes del recorte de partidos judiciales

El Ministerio reactiva la cooperaciĂłn con las comunidades autĂłnomas para alcanzar la interoperatividad de sus sistemas informĂĄticos

El ministro de Justicia Alberto Ruiz-GallardĂłn, ha adelantado este lunes que consultarĂĄ con cada una de las comunidades autĂłnomas afectadas por la reducciĂłn del nĂşmero de partidos judiciales previsto de la Ley de DemarcaciĂłn y Planta Judiciales antes de tomar una decisiĂłn sobre el recorte de Ăłrganos judiciales.

"Nos hemos comprometido a que no remitiremos ningĂşn propyecto de ley sin hablar previamente y tener una reuniĂłn individualizada con cada una de las comunidades autĂłnomas afectadas", ha asegurado el ministro.

SegĂşn ha precisado el titular de Justicia tras la celebraciĂłn de la Conferencia Sectorial en el Ministerio, la estimaciĂłn realizada por el Consejo General del Poder Judicial CGPJ --que considera que los partidos deben descender de los 431 actuales a 190-- refleja el anĂĄlisis realizado por el Ăłrgano de Gobierno de los jueces y ahora debe ser el Ministerio el que tome una decisiĂłn al respecto, que quedarĂĄ reflejada en su proyecto de ley.

"Tenemos que agradecer al Consejo el esfuerzo que ha realizado en la realizaciĂłn de este estudio", ha aĂąadido Ruiz-GallardĂłn que ha calificado la opiniĂłn del CGPJ como "extraordinariamente Ăştil". No obstante, ha concretado que el Ministerio es quien tiene "la responsabilidad" y "la iniciativa" en este terreno.

En su opiniĂłn el anĂĄlisis del CGPJ refleja la necesidad de modificaciĂłn de una realidad que estaba pensada, cuando se hizo en el siglo XIX para una EspaĂąa distinta, fundamentalmente agraria. "Ese concepto debe ser adaptado a la nueva realidad del siglo XXI", ha dicho.

ColaboraciĂłn tecnolĂłgica
Durante la reuniĂłn del ministro con los consejeros de Justicia de las Comunidades autĂłnomas con competencias transferidas, ambas partes se han comprometido, ademĂĄs, a reactivar su colaboraciĂłn en materia tecnolĂłgica, mediante la firma de varios acuerdos encaminados a facilitar la interoperabilidad entre los distintos sistemas informĂĄticos con los que cuenta la AdministraciĂłn de Justicia.

El ministro ha hecho partĂ­cipes de ese acuerdo a las Comunidades AutĂłnomas, que, durante el encuentro, se han comprometido a compartir las aplicaciones mĂĄs desarrolladas por sus respectivos sistemas de gestiĂłn procesal para asĂ­ contribuir a la tan ansiada interconexiĂłn entre juzgados.

El Ministerio cuenta con que los avances tecnolĂłgicos que permiten crear una base de informaciĂłn comĂşn entre todos ellos a travĂŠs de un mismo lenguaje informĂĄtico logre finalmente adelantos en este terreno. Los datos relevantes que deben ser comunicados entre los distintos juzgados se traducirĂĄn a ese lenguaje Ăşnico para facilitar su acceso desde cualquier sistema.

AsĂ­, Ruiz-GallardĂłn ha explicado que en el actual contexto de crisis econĂłmica la cooperaciĂłn institucional resulta "imprescindible" para un desarrollo informĂĄtico de la AdministraciĂłn de Justicia sin duplicidades o sistemas innecesarios. En consecuencia, no se desaprovecharĂĄn las iniciativas previas puestas en marcha, pero se adaptarĂĄn a la nueva herramienta.

Uno de los puntos principales firmados entre el Ministerio y el CGPJ es constituir el ComitĂŠ TĂŠcnico Estatal de la AdministraciĂłn judicial electrĂłnica, previsto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologĂ­as de la informaciĂłn y la comunicaciĂłn en la AdministraciĂłn de Justicia, que nunca llegĂł a crearse. Esta colaboraciĂłn formaba parte del convenio firmado entre ambas instituciones para el establecimiento del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (Ejis), que permitirĂĄ la interoperabilidad entre los distintos juzgados espaĂąoles, para lo que serĂĄ imprescindible la colaboraciĂłn de las CCAA con competencias transferidas.

El Ministerio y el Ăłrgano de gobierno de los jueces consideran prioritario que la estadĂ­stica judicial sea Ăşnica, por lo que impulsarĂĄn la extracciĂłn automĂĄtica de informaciĂłn de los sistemas de gestiĂłn procesal. Y firmarĂĄn un convenio de colaboraciĂłn para reforzar la coordinaciĂłn entre la inspecciĂłn de Ăłrganos judiciales que corresponde al CGPJ y la que corresponde a los secretarios judiciales.

En cuanto a la interoperabilidad con otras Administraciones o con los agentes jurĂ­dicos, el Ministerio y el Consejo han decidido repartirse las iniciativas. AsĂ­, lo relativo a asistencia jurĂ­dica gratuita corresponderĂĄ a Justicia que, en colaboraciĂłn con las Comunidades AutĂłnomas interesadas, desarrollarĂĄ la interconexiĂłn con el Consejo General de la AbogacĂ­a EspaĂąola a travĂŠs de Lexnet (sistema de intercambio de documentos firmados electrĂłnicamente entre la AdministraciĂłn de Justicia y los operadores judiciales) y Ejis.

La integraciĂłn con Instituciones Penitenciarias corresponderĂĄ al Consejo y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a Justicia, que tambiĂŠn se ocuparĂĄ de lograr la tramitaciĂłn de exhortos mediante Lexnet, aunque, de forma transitoria, se seguirĂĄ utilizando el Punto Neutro Judicial desplegado por el Consejo.

Esta herramienta del CGPJ tambiĂŠn servirĂĄ para la anotaciĂłn preventiva de embargos y la comunicaciĂłn de resoluciones judiciales relacionadas con los Registros de la Propiedad, aunque los embargos telemĂĄticos se realizarĂĄn a travĂŠs del sistema de cuentas de consignaciĂłn del Ministerio de Justicia, que en la actualidad tambiĂŠn desarrolla un sistema para poder realizar subastas telemĂĄticas.

Tasas
Otro de los asuntos tratados en la Conferencia sectorial ha sido la ley de tasas y su afectaciĂłn a las Comunidades AutĂłno,as. El ministro ha explicado a los consejeros de Justicia que el rendimiento de las tasas, tal y como se especifica en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de ministros, se vincularĂĄ a la financiaciĂłn de la asistencia gratuita y ha propuesto a los representantes de las distintas comunidades autĂłnomas una mesa de diĂĄlogo con dos objetivos: acordar con ellas una participaciĂłn conjunta de la recaudaciĂłn de las tasas y establecer una gestiĂłn coordinada de la asistencia gratuita.

Con el fin de evitar el fraude en el acceso a este servicio, el Ministerio ha expuesto la necesidad de establecer unos protocolos de actuaciĂłn uniformes en todas las administraciones. El umbral mĂ­nimo para acceder a estos servicios seguirĂĄ siendo el mismo, pero se determinarĂĄn los supuestos en los que puede solicitarse para acabar con las disfuncionalidades detectadas. AdemĂĄs, se estudiarĂĄn fĂłrmulas para acreditar el derecho a la justicia gratuita, como la presentaciĂłn de un certificado de la declaraciĂłn de la renta.

Asimismo, el Ministerio ha comunicado a los consejeros que se compromete a asumir la financiaciĂłn directa de la asistencia gratuita a travĂŠs de lo recaudado con las tasas, haciendo partĂ­cipes a las comunidades de estos ingresos, de forma que puedan destinar su presupuesto a otras partidas de justicia.