FSP-UGT pide la dimisión de Carmen Jiménez tras la condena por vulneración de derechos fundamentales a la Diputación

José Carlos Pajares y José Ignacio Gómez Úbeda, durante la rueda de prensa. / Foto: Antonio S. Sánchez

Desde el sindicato aseguran que el calado de esta sentencia "es mucho más grave de lo que pueda parecer, porque no sólo se ha condenado a una institución pública como la Diputación por vulnerar derechos fundamentales, sino que se han generado unas falsas expectativas en unas trabajadoras".

FSP-UGT ha hecho público que el pasado miércoles 3 de diciembre se emitió una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ávila por la que se condena a la Diputación Provincial de Ávila por vulneración de derechos fundamentales.

 

El litigio fue planteado por parte del sindicato, según han informado "cuando se procedió por parte de la Diputación a contratar a siete trabajadoras con categoría profesional de Técnico para la identificación de oportunidades de dinamización económica y creación de empresas en el ámbito rural a cargo de una subvención de la Junta de Castilla y León, obviando los principios de capacidad, igualdad, mérito y publicidad".

 

El problema, destacan, "viene de largo" puesto que "ya el 29 de mayo de 2014 se celebró una mesa de negociación en la que en presencia de varios sindicatos, entre ellos UGT, se advirtió de la intención de Diputación de contratar a siete Dinamizadores a través una fórmula de selección consistente en solicitar al ECYL que seleccione aspirantes a estas plazas que cumplan un perfil perfectamente definido por los responsables de Diputación, lo que, a juicio de UGT "limita claramente el acceso libre de los miles de parados de nuestra ciudad que podrían acceder a estos puestos de trabajo".

 

Ante esta situación, aseguran "no solo UGT mostró su disconformidad en la mesa, ya que igualmente otros sindicatos presentes, no todos, advirtieron de que no es un método apropiado". Los responsables de Diputación, apuntan, "se escudaron en que existen unas instrucciones de la Junta que no impiden que la contratación se haga de este modo y le dicen a los sindicatos que se las presentarán en una nueva reunión".

 

En otra mesa de negociación, celebrada el día 29 de mayo, "el punto se retira del orden del día a propuesta del Vicepresidente, porque según se alega la Junta no ha aportado la documentación requerida", aseguran, y "el 16 de junio se celebra una nueva reunión con los sindicatos en la que se les presentan las bases de la Junta. Los sindicatos constatan que las bases de la Junta no impiden en absoluto que se lleve a efecto una convocatoria pública con todas las garantías de transparencia ajustadas plenamente a derecho, y se queda de acuerdo en tratar el asunto en una nueva mesa de negociación prevista para el 18 de junio", sobre la que destacan que "sorprendentemente esta mesa fue desconvocada y no llegó a celebrarse".

 

Ya el 24 de junio, continúan, "los sindicatos son convocados a mesa de negociación y se les anuncia que la instrucción de la Junta permite a la Corporación contratar a quienes desempeñaron estos puestos el año anterior por otra subvención similar con fecha de inicio 1 de mayo de 2013 y finalización 30 de Abril de 2014. Se anuncia a los sindicatos que el asunto ya ha sido llevado a Comisión de Gobierno y ésta ya ha aprobado por unanimidad la contratación de las siete personas que van a ocupar las plazas de Dinamizadores", situación que los representantes de UGT califican de "tomadura de pelo" y advierten de que el sindicato se reserva las acciones que considere oportunas.

 

A la vista de los hechos, la Comisión Ejecutiva Provincial de FSP-UGT decididó impugnar el acuerdo de gobierno y "se traslada el asunto a nuestros abogados para que se encarguen de presentar la consiguiente demanda, de modo que deciden presentar recurso contencioso administrativo y emplear un Procedimiento especial para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona, un recurso que es admitido y con fecha 24 de septiembre se formaliza legalmente la demanda".

 

En defensa de sus actuaciones la Diputación alegó "extemporaneidad del recurso, presentación fuera de plazo, falta de legitimidad del sindicato y la existencia de un informe emitido por Carmen Jiménez Navarro, responsable del Área de Turismo de la Diputación", alegaciones que fueron dirimidas en la sentencia por la magistrada.

 

Finalmente, destacan, "en el fallo de la sentencia del 3 de diciembre de 2014, se estima el recurso de UGT y se declara que la actuación de la Diputación Provincial de Ávila ha vulnerado derechos fundamentales de los arts 14 y 23.2 de la Constitución, y se declara contrario y no ajustado a derecho el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Diputación de fecha 23 de Junio de 2014 y las resoluciones y actuaciones adoptadas en base a dicho acuerdo".

 

El calado de esta sentencia, señalan "es mucho más grave de lo que pueda parecer en principio, porque no sólo se ha condenado a una institución pública como la Diputación por vulnerar derechos fundamentales, sino que se han generado unas falsas expectativas en unas trabajadoras, que después de la concatenación de contratos en años consecutivos en la Diputación podrían haber intentado reclamar judicialmente su condición de trabajadoras indefinidas de dicha institución y que finalmente se han visto perjudicadas aunque en principio pudieron ser presuntamente favorecidas".

 

Ante la "gravedad de los hechos", apuntan, "algún responsable de Diputación debería asumir las consecuencias de sus actos y presentar su dimisión" y desde FSE-UGT apuntan directamente a Carmen Jiménez Navarro como "la persona indicada", ya que "fue la responsable de emitir un informe favorable del que se pudieron haber fiado otros responsables implicados, quizá confundiendo libre designación, formula de acceso para quien está bien relacionado y no es capaz de aprobar una oposición, con oferta de empleo público".

 

Finalmente, desde FSP-UGT aseguran que "este desafortunado acto no es un hecho aislado sino que cada vez se convierte en una práctica más habitual en las Administraciones Públicas, ya que hace tan solo unos meses ya demandamos al Ayuntamiento de Ávila que fue condenado igualmente por un hecho muy similar. En aquel momento por lo tocante a una plaza de auxiliar de biblioteca, a la que gracias a esta denuncia de UGT han podido presentarse en oferta pública de empleo seiscientas personas".