'Familias por la Educación Pública' lamenta el "tono acusatorio y amenazante" de las explicaciones de la Junta

La Plataforma “Familias por la Educación Pública” ha emitido un comunicado en el que lamenta que una petición pública de información por los usuarios de los comedores escolares basada en la consulta de datos abiertos sea interpretada por la administración como una “injuria” y una “falsedad”.

La Plataforma “Familias por la Educación Pública”, que registró un escrito cuestionando los criterios empleados en la subcontratación del servicio de comedores escolares en la provincia de Ávila tras el examen de la documentación pública del proceso, ha manifestado su malestar tras ser acusada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila, mediante una nota de prensa, de “verter injurias y falsedades sobre un procedimiento objetivo basado en los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia”.

 

Desde el colectivo lamentan profundamente que una petición pública de información por parte de los usuarios de los comedores escolares basada en la consulta de datos abiertos sea interpretada por la administración como una “injuria” y una “falsedad”.

 

Aseguran que en ningún momento se ha puesto en duda la legalidad del procedimiento administrativo ni su ajuste a derecho pero apuntan que "un procedimiento sea legal y conforme a derecho no garantiza que su resultado final sea el mejor ni el más conveniente, como se ha demostrado en este caso".

 

“Familias por la Educación Pública” aclara que lo que pide y ha planteado desde un principio es que se tenga en cuenta la opinión de las familias, por ejemplo, en el establecimiento de los criterios que se deben exigir en los pliegos de condiciones técnicas de los servicios que se subcontratan.

 

El colectivo indica que esa participación puede y debe articularse mediante la convocatoria del Consejo Escolar de Castilla y León y, en su caso, de los Consejos Escolares Locales, y que su informe fuera preceptivo antes de iniciarse cualquier proceso de subcontratación de los servicios relacionados con la Educación Pública.

 

Manifiestan que, por el contrario, la respuesta dada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila en su nota de prensa "no deja de ser una justificación de la legalidad de unas actuaciones que de suyo ya lo son, y de unas competencias y unas funciones que se le presuponen porque les corresponden por ley".

 

Así, señalan que "tampoco son capaces de explicar con claridad por qué en la puntuación final de la empresa adjudicataria tiene mucho más peso la combinación de 'oferta económica más ventajosa' y 'criterios no evaluables de forma automática' que los criterios evaluables automáticamente". Para ello se basan en los cuadros siguientes, extraídos del acta de la mesa de contratación del pasado 26 de agosto:

 

 


   

 

Señalan que a la empresa Aramark se le concedió la mayor puntuación posible en el criterio no evaluable automáticamente 'Valoración de la Organización del Servicio' que, junto a la puntuación obtenida en la oferta económica por ser la más barata, supera así a otras empresas con mejores calificaciones en los apartados de 'valoración objetiva'.

 

Para la Plataforma “Familias por la Educación Pública” lo más sorprendente es que, en su nota enviada a la prensa, "los responsables de la Junta de Castilla y León se empeñan en defender el sistema de servicio mediante cáterin y en considerarlo preferible al de las cocinas en los centros. Utilizan para ello el soporte promocional de unas poderosísimas empresas privadas que están presionando a las distintas administraciones para imponer el sistema de cáterin sobre el de las cocinas propias, porque es mucho más rentable económicamente para ellos, al controlar casi completamente el sector de alimentación de colectividades".

 

"Están consiguiendo convencer a la sociedad que es mejor, más saludable, más controlado dietéticamente y más barato centralizar compras y cocinas y transportar la comida envasada y procesada hasta los comedores colectivos de colegios y hospitales donde será servido tras su 'regeneración', que cocinar productos locales en el momento en las cocinas propias de las centros", añaden.

 

En “Familias por la Educación Pública” se muestran convencidos de que "es mejor para nuestros hijos y para nuestra economía el sistema de cocinas in situ, y también para el fomento de los productos de la tierra y del empleo local. Un criterio que, como hemos pedido desde el principio, nos gustaría exponer en los ámbitos institucionales establecidos al respecto para que se tuvieran en cuenta en la configuración de los pliegos de condiciones técnicas que establecen los criterios de selección de las empresas. Y no estamos solos en esto. Muchos otros colectivos de padres en otras ciudades de Castilla y León también se cuestionan lo mismo".

 

Para este colectivo la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León es la responsable última de la gestión de los servicios auxiliares de los centros de Educación Pública a los que asisten más del 77% de los alumnos de la región, por lo que "creemos que debería preocuparse un poco más de ellos y de sus familias como usuarios finales de los servicios públicos, que de los intereses de las empresas privadas a los que los subcontratan".

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