Escrache y represión

Artículo de Opinión de José Alberto Novoa, Coordinador de IU Ávila

Está dentro del ideario de la derecha española, controlar y desactivar cualquier tipo de movimiento ciudadano que ponga en cuestión su política de agresión y desmantelamiento de derechos, y lo hace desde la estrategia del miedo y la criminalización.

 

En el Partido Popular no entienden que la ciudadanía tenga el derecho y el deber de manifestar su desacuerdo con las políticas que desarrolle un Gobierno, y más cuando éste se encuentra en fraude electoral, puesto que no cumple con su programa y se rinde a los dictados del capital y de la Troika.

 

El Partido Popular no tiene asumido el principio básico de la Democracia, es decir, aquello del ‘gobierno del pueblo’, simplemente porque la derecha española es heredera del Antiguo Régimen y del Franquismo, y nunca lo fue del liberalismo del siglo XVIII que desembocó en la Revolución Francesa. Es decir, nada que ver la derecha española con la derecha francesa, en lo que a concepción y asunción de derechos de ciudadanía se refiere.

 

Todo esto lo demuestra la derecha extrema española, cuando desde el Gobierno utiliza los medios de coerción y coacción del Estado para amedrentar a la ciudadanía cuando ésta se manifiesta; o para criminalizarla desde la galería de opinadores y presuntos profesionales de la información que se aloja en la caverna mediática, cada día más nerviosa, porque sienten que empiezan a perder la batalla.

 

El último ejemplo de todo esto es el discurso criminalizador que últimamente comienzan a utilizar algunas figuras relevantes del Partido Popular como la Sra. Cospedal y la Sra. Cifuentes, cuando, respectivamente, acusan al PSOE y a IU de “incitar a la violencia”, o comparan a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con ETA.

 

Argumentos rastreros y cutres, de una derecha rancia y nerviosa, que encuentra su altavoz en la línea editorial de algunos periódicos, radios y televisiones, y que pretende meter miedo en el cuerpo de una ciudadanía consciente de los actos agresivos del Gobierno y de la violencia estructural que el Estado está ejerciendo, no garantizando derechos fundamentales a los ciudadanos, y sí ejerciendo la violencia contra éstos.

 

Ejemplos claros son la utilización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para expulsar a una familia de su casa, sólo por el hecho de que el banco de turno tiene más poder que el propio Estado, o para cargar indiscriminadamente contra manifestantes cuando éstos exigen más democracia a las puertas del Congreso.

 

Con el Partido Popular reprimiendo y criminalizando a la ciudadanía que toma las calles, estamos asistiendo al final de la paz social. Los acontecimientos que últimamente están protagonizando los activistas afectados por las hipotecas, son el ejemplo más claro del hartazgo de la ciudadanía ante la violencia estructural que contra ellos se ha estado ejerciendo en los últimos años, y ponen de manifiesto, el agotamiento del sistema, y la disposición de muchas personas a no rendirse por mucho que se las pretenda criminalizar.

 

La lucha de clases está servida y acaba de comenzar. Asistiremos a la sistemática criminalización de cualquier movimiento ciudadano que cuestione las políticas del gobierno y las prácticas antidemocráticas del Partido Popular. Comprobaremos, igualmente, que la ciudadanía española, más consciente de sus derechos, obligaciones y responsabilidades, estará a la altura de las circunstancias y actuará en consecuencia contra la represión del Estado. Lo hará con más inteligencia y desde prácticas no violentas para poner en evidencia a los represores.

 

El escrache que está desarrollando la PAH frente a la insensibilidad de los Diputados del PP ante la ILP contra los desahucios, lejos de ser una acción violenta o terrorista como se pretende demostrar por parte de la derecha extrema, tanto política como mediática, resulta ser un ejemplo claro de toma de conciencia ciudadana para señalar a los que han estado haciendo política para beneficiar a los verdugos de la banca, y no para defender los intereses y los derechos de la ciudadanía.

 

La ruptura de la paz social a la que estamos asistiendo en España, no supone una vuelta atrás, ni a un estado de miedo como le gustaría a la derecha española. Más al contrario, supone una oportunidad para recuperar derechos y libertades, y se convierte en un momento privilegiado para profundizar en la Democracia y para recuperar el tiempo de la Política desde el empoderamiento de una ciudadanía dispuesta a construir un nuevo modelo de país en el que su protagonismo sea permanente y no sólo efímero, cada cuatro años, ejerciendo el derecho al voto.