Escandalosa inactividad de la administración

Artículo del abogado Juan Ángel Martínez.

 

Se ha dictado por la Sala primera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, un Auto en ejecución de 13 de junio de 2.016 que obliga a la eliminación de la contaminación de los acuíferos de San Bartolomé de Corneja contaminados con la explotación ganadera situada en el casco urbano de dicha localidad; así mismo condena en las costas a la administración.

 

En ejecución de dicho Auto, esta semana han comenzado las labores de descontaminación con la evacuación del agua del pozo situado en la propiedad del demandante a cuyo favor se dictó la resolución judicial.

 

Esta resolución de 13 de junio pasado se dicta ante la oposición del Ayuntamiento de San Bartolomé y la de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a ejecutar la previa sentencia de fecha 29 de julio de 2011 que ordenó solidariamente a ambas administraciones al pago de 113.000 euros como indemnización por los perjuicios causados al demandante por la “GRAVE RESPONSABILIDAD” (cita literal) ante la “FALTA DE DILIGENCIA” al no adoptar las medidas que hubieran podido evitar tales perjuicios producidos desde la instalación industrial ganadera vecina; y, así mismo, condena a la eliminación de la contaminación de los acuíferos.

 

La administración autonómica pagó los 113.000 euros con dinero público, de todos. Pero, a pesar de haber transcurrido cinco años desde la sentencia, tanto la consejería de medio ambiente como el Ayuntamiento (cuyo Alcalde es el dueño y responsable de la explotación), no hicieron nada para eliminar la contaminación, razón por la cual el demandante se vio en la necesidad de instar la ejecución de la sentencia. La peregrina excusa que han llegado a oponer para no ejecutar la sentencia ha sido que la contaminación era producida por “la contaminación difusa de la fauna salvaje” (el entrecomillado es cita literal), a pesar de que la sentencia determinaba con claridad a la explotación ganadera como foco de la contaminación.

 

Es más, durante este tiempo no sólo no se ha ejecutado la sentencia eliminando el origen de la contaminación con el traslado de la ganadería, sino que se ha producido la ampliación de la actividad, al menos mediante la extensión de la misma a parcelas limítrofes para la cuales no se contaba con autorización ni licencia alguna, y que terminaron altamente contaminadas según un informe pericial.

 

Todo ello supondrá la presentación de nuevas solicitudes de indemnización de los perjuicios que siguen sufriéndose, con nuevas eventuales condenas monetarias, que se sumarían al enorme gasto que ya se está produciendo por la gestión de la descontaminación en el momento presente, a los que habrá que añadir los gastos futuros en descontaminación de los acuíferos, ya que la ganadería sigue contaminando en la misma ubicación a pleno rendimiento.

 

Debe recordarse que la instalación de la ganadería se financió parcialmente con dinero público proveniente de fondos de la Unión Europea, y que incluso antes de ser concedida la subvención pública, en agosto de 1.994 fue presentada la primera denuncia por el propietario colindante perjudicado, hoy demandante, por carecer de licencia ambiental de ningún tipo.