“Es habitual que los datos que aporta el PSOE de Ávila en materia de dependencia no tengan que ver con la realidad del momento”

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El PP de Ávila asegura que la Junta de Castilla y León continúa siendo la Comunidad mejor valorada en todo el territorio nacional en materia de dependencia. En respuesta a las declaraciones del PSOE afirmando que para hablar de este tema hay que conocer. Mª Ángeles Ortega señala que “el Gobierno del PSOE suprimió, sin previo aviso, la retroactividad para todos los beneficiarios y abrió la vía del aplazamiento hasta cinco años del pago de la retroactividad”

Desde el Partido Popular de Ávila se ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por el Procurador socialista Rodero, a través de la Vicesecretaria de Política social, Ángeles Ortega que ha dejado meridianamente claro que “para hablar de la ley de Dependencia hay que saber de dependencia, porque viene siendo habitual que los datos que aporta el PSOE de Ávila no tienen nada que ver con la realidad del momento”.

 

Ortega ha puesto de relieve que de nuevo, “la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, revela en su X Observatorio sobre Dependencia, que la Junta de Castilla y León obtiene un sobresaliente en su gestión separada del resto de Comunidades Autónomas, siendo una vez más la mejor valorada en todo el territorio nacional. Es decir, somos la Comunidad mejor valorada tanto en la agilidad en la gestión como en la profesionalización y la prestación de los servicio”.

 

Así mismo,  desde el Partido Popular de Ávila subrayan que “nadie, ni familiares, ni dependientes, ni la propia Administración se ha beneficiado de pagos indebidos; cuando se conoce la Administración y su procedimiento se sabe que existen sistemas de regularización por los que se detecta si existe la existencia de cualquier pago indebido, sea en prestaciones, en pensiones no contributivas, en nóminas, en definitiva, en cualquier abono que hace la Administración, que si se da esa circunstancia se requiere al usuario que reintegre el abono de los correspondientes ingreso indebidos. Pero se añade, que  el sistema de gestión de la Ley de Dependencia es tan riguroso, que periódicamente se revisan las situaciones de todos los solicitantes. Si en algún momento se ha dado esa circunstancia, se solicita el correspondiente reintegro”.

 

Insisten los populares que “precisamente por ser una Ley que nació con tantas deficiencias es por lo que se están llevando a cabo reformas que garanticen su sostenibilidad y mejoren la gestión. No se puede obviar que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno se encontró con  un sistema heredado que se encontraba colapsado con una lista de espera en el territorio nacional de un 30 %, algo que no ocurría en Castilla y León, precisamente por su excelente gestión”.

 

“Por todo ello, se están realizando mejoras estructurales con el fin de consolidar su sostenibilidad y de propiciar una mejor atención a las personas” manifiesta Ángeles Ortega.

 

Los populares critican al PSOE ya que “el sistema de información de las Comunidades Autónomas al Estado se está modificando para que no aparezcan errores de duplicación que son los que han dado lugar a esas confusiones, que el Sr. Rodero debería conocer y contrastar, para no hacer de nuevo lo de siempre, criticar la gestión de la Ley de Dependencia en Castilla y León cuando toda el país nos toma como modelo y nos felicita por nuestros resultados”.

 

Para la Vicesecretaria de Política social “el PSOE de Ávila no ha apoyado a los dependientes de la provincia ni una sola vez. Ni han reconocido los esfuerzos de Castilla y León, ni siquiera cuando todos los informes de expertos nos sitúan como la Comunidad en la que mejor se aplica la Ley de Dependencia. Desde su publicación en 2006, nunca han reclamado nada para los dependientes de la región, ni han protestado porque la Ley naciera con tantas deficiencias, siendo Ministro el socialista Jesús Caldera”.

 

Concluyen los populares que los abulenses deben recordar que “el Gobierno del PSOE suprimió, sin previo aviso, la retroactividad para todos los beneficiarios, independientemente de que recibiesen servicios o prestaciones económicas, lo que ha supuesto para ellos una pérdida de ingresos hasta el momento de 30 M € en Castilla y León. También fue el Gobierno socialista el que abrió la vía del aplazamiento hasta cinco años del pago de la retroactividad”.