Entra en vigor la Ley que "controla" a los altos cargos de la Administración del Estado

La nueva normativa pretende "aclarar, reforzar y ampliar el régimen jurídico" de los altos cargos para garantizar "las máximas condiciones de transparencia".

La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado entrará en vigor este lunes, 20 de abril, según se publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 31 de marzo.

  

Esta ley fue aprobada por el Congreso con los votos del PP y de los nacionalistas de CiU y PNV, pues tanto el PSOE como Izquierda Plural votaron en contra alegando que se queda corta y que no podían pactar medidas de regeneración con un partido, el PP, que tiene a sus extesoreros en el banquillo de los acusados por los casos Gürtel y Bárcenas y al que la Justicia achaca ser partícipe a título lucrativo de un delito de financiación ilegal.

  

La nueva normativa pretende "aclarar, reforzar y ampliar el régimen jurídico" de los altos cargos para garantizar "las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas".

  

Todas sus medidas entran en vigor a los veinte días de su publicación, con lo que su aplicación arrancará formalmente este lunes, 20 de abril.

  

El conocido como 'Estatuto del Alto Cargo' afecta a los miembros del Gobierno hasta el nivel de director general, los embajadores, los delegados del Gobierno, las autoridades portuarias, los presidentes y directores de empresas públicas y los principales directivos de organismos supervisores como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

  

En la ley se regulan los requisitos de idoneidad y condiciones de honorabilidad para ocupar esos puestos, la obligatoriedad de hacer públicas sus retribuciones, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar para ser nombrados, las incompatibilidades tras su cese, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.