El TSJCyL sanciona con 350.000 euros a la promotora y los arquitectos de los 'miniapartamentos' de Segovia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a los artífices de los 'miniapartamentos' de Segovia a abonar una cuantía de 350.000 euros al calificar como falta muy grave la construcción de estas viviendas, proyectadas como alojamientos para los estudiantes de la antigua Universidad SEK y levantadas en un muro de contención junto al río Eresma.
SEGOVIA, 25 (EUROPA PRESS)



Así lo ha dado a conocer este viernes el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, quien ha señalado que la sanción es la más cuantiosa interpuesta en Segovia en el ámbito urbanístico, al tiempo que ha precisado que no cabe recurso ordinario contra la sentencia, dictada el 18 de enero tras estimarse el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.

El fallo del TSJ contempla una multa de 210.000 euros para la empresa promotora de los apartamentos, Hontanilla de Santo Domingo, S.A, participada por el exdiputado 'popular' Manuel González Herrero y de la que es responsable el exconcejal del PP Ángel Sancho, quien dimitió por la polémica que saltó a la esfera pública en 2006, pero que se desvinculó del caso.

Asimismo, recoge una sanción de 122.500 euros para el arquitecto, Tomás Sanz, y otra de 17.500 euros para el arquitecto técnico, Javier Lobo.

El Tribunal estima que los promotores ejecutaron la obra con intención "perversa" y de forma "maliciosa" y establece unidad de criterio en futuros procesos judiciales vinculados a este caso.

"Hemos tardado siete años de pleitos, de luchas, de todo tipo de declaraciones", ha recalcado el regidor, quien se ha felicitado en nombre de los segovianos por una sentencia que ha considerado "justa y ejemplar".

En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha indicado que se mantiene a la expectativa ante el desenlace de este caso, pero que de cualquier forma se trata de una sanción "significativa" tras un proceso "nada fácil".

Recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia decretó la demolición de estas viviendas por no estar incluidos en la licencia aprobada y no ser compatibles con el plan urbanístico.