El TSJCyL plantea una cuestión de constitucionalidad por la no actualización de las pensiones en 2012

Las pensiones de Zamora, de las más modestas del país.

Los magistrados de esta Sala exponen que la Constitución española garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos fundamentales individuales.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad en la que pide que resuelva si el decreto que deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones vulnera derechos constitucionales.

  

Los magistrados de esta Sala exponen que la Constitución española garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos fundamentales individuales y señala que "serían objeto de expropiación los derechos de los perceptores de pensiones de seguridad por cuanto son un derecho económico incorporado al patrimonio de aquellos, aunque no haya sido abonado pero sí devengado,  puesto que entendemos que dichos preceptos son aplicables al caso y el fallo depende de su validez, no siendo posible acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional".