El Tribunal de Cuentas apuesta por aplicar la transparencia a partidos y sindicatos pero en sus leyes específicas

Ramón Álvarez De Miranda
La institución promete aprobar este año cuatro informes anuales de fiscalización de partidos políticos para ponerse al día


MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se ha mostrado partidario de aplicar el espíritu de la Ley de Transparencia a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG y a toda entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga trascendencia pública y social, pero ha recomendado que se haga a través de sus correspondientes leyes específicas en lugar de incluir esas entidades particulares en el proyecto de ley que se refiere al sector público.

Ante la Comisión Constitucional del Congreso, Álvarez de Miranda ha expresado una valoración "muy positiva" del proyecto de ley del Gobierno destacando que "suple una de las carencias más significativas" del ordenamiento jurídico y que su aplicación "supondrá un avance decisivo en la configuración de unos poderes públicos modernos".

No obstante, ha pedido que el espíritu de la ley de transparencia alcance a "las entidades de naturaleza privada que reciban significativas volúmenes de fondos públicos y cuya actividad tenga interés público o repercusión social".

A instancias de los grupos parlamentarios, ha precisado que en ese marco se encuadran tanto los partidos políticos y sus fundaciones como los sindicatos, las organizaciones empresariales y hasta las organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Debería considerarse la oportunidad de incrementar el nivel de transparencia de su gestión", ha apuntado, aunque es más partidario de hacerlo a través de su normativa específica en lugar de incluirlos expresamente en esta ley de Transparencia.

LOS AVANCES DE LA ÚLTIMA REFORMA DE PARTIDOS

En su opinión, incluir esas entidades privadas en el proyecto de ley remitido por el Gobierno, que está pensada para el sector público, presentaría "graves dudas de aplicación", por lo que considera "más razonable" que la obligación de transparencia se incluya en sus propias leyes, obligándoles a dar más información en sus páginas web.

En respuesta al PP, el presidente del Tribunal de Cuentas ha elogiado la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, aprobada el pasado diciembre y que entre otras cosas obliga a los partidos y sus fundaciones a publicar sus cuentas y sus deudas. A su juicio, facilitará la labor de fiscalización y permitirá sortear la negativa del Banco de España a informar de los créditos de los partidos con entidades financieras.

Tras admitir que el Tribunal de Cuentas lleva retraso en la aprobación de los informes anuales de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, pues el último se aprobó el pasado año y se refería a 2007, Álvarez de Miranda ha prometido remitir antes de fin de año hasta cuatro informes (2008, 2009, 2010 y 2011): el primero estará en mayo y los demás en octubre o noviembre.

Es más, si ven que no pueden cumplir esa promesa, el actual Consejo de la institución se ha comprometido a incrementar más las dotaciones de medios de los equipos de fiscalización para hacerlo posible.

NO CABE FISCALIZAR LA CASA DEL REY

En cuanto a la Casa del Rey, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado que la Constitución establece que el Monarca dispone "libremente" de la asignación presupuestaria que le otorga el Estado y que la Jefatura del Estado no está sometida a control del Tribunal de Cuentas pues cuenta con su propio servicio de intervención económica. Según ha dicho, cualquier fiscalización externa no podría hacer una valoración cualitativa porque la distribución se ejerce libremente como así lo reconoce la Constitución.

Por otro lado, Álvarez de Miranda ha elogiado también la "definición más exhaustiva" de la información económica, presupuestaria y estadística sujeta a publicidad, aunque ha pedido añadir "la relativa al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mejorando la escasa referencia que contiene el proyecto a la información presupuestaria".