El Tribunal Constitucional defiende la supremacía del castellano frente al catalán

Sentencia. También confirma que el Estatuto de Cataluña es una norma subordinada a la Constitución, a la que está jerárquicamente sometido
Agencias / MADRID
El Tribunal Constitucional (TC) explica, en su interpretación del artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña, que el conocimiento del catalán no puede ser un deber jurídicamente exigible con carácter generalizado y deja claro que no se puede imponer un deber de conocer el catalán equivalente al deber constitucional de conocer el castellano. El fallo reduce este deber al ámbito de la Educación y a los funcionarios de la Administración catalana y dice que si se interpreta así entonces, el artículo sí se ajusta a la Constitución. Por ello, “las administraciones públicas catalanas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales”, ni tampoco los medios públicos, por ser motivo de discriminación entre lenguas, según reza la sentencia del TC sobre el artículo.

El citado punto está dentro del artículo seis que define la “lengua propia y las lenguas oficiales” y dice lo siguiente: “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua”.

El Alto Tribunal comienza su explicación de este artículo, dejando claro que es “enteramente pacífico” que el Estatut es la norma “competente” para atribuir al catalán la condición jurídica de “lengua oficial” en Cataluña, “compartida con el castellano como lengua oficial”. Dicho esto, precisa que no se puede imponer el deber de conocer el catalán igualándolo al deber de conocer castellano. Así, aclara que el artículo 6.2 “sería inconstitucional y nulo en su pretensión de imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional del conocimiento del castellano”.

La Constitución, por encima
El Tribunal Constitucional afirma también que los Estatutos de Autonomía son normas subordinadas a la Constitución, que no admite igual o superior, y a la que, por tanto, están jerárquicamente sometidos en todos los órdenes. El TC defiende así la posición de supremacía de la Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico, en el que los estatutos se integran bajo la forma de ley orgánica en términos de “subordinación absoluta” a la Carta Magna. No obstante, la sentencia, de la que ha sido ponente la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, añade que la Constitución no determina expresamente cuál es el contenido posible de un Estatuto autonómico.