El PSOE reitera su petición de dimisión de la dirección de la Residencia Infantas Elena y Cristina

Fernando Rodero, procurador socialista en Las Cortes de Castilla y León

Lo hace tras conocerse la primera sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, ante la demanda presentada por los familiares de uno de los usuarios de la misma -aunque exiten alrededor de 50 afectados-, alegando que aún habiendo obtenido la ayuda por dependencia no recibía ningún tipo de contraprestación, y además pagaba 1.600 euros por una plaza privada en la residencia. La sentencia obliga a la Diputación a devolver el dinero de más que había estado pagando y hace reponsable máximo de la “mala gestión” de la residencia a la Junta

Fernando Rodero, procurador socialista en Las Cortes de Castilla y León, ha dado hoy a conocer los detalles de la reunión mantenida con el gerente de Servicios Sociales en relación a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, ante la demanda presentada por los familiares de uno de los usuarios de la Residencia Infantas Elena y Cristina, alegando que aún habiendo obtenido la ayuda por dependencia no recibía ningún tipo de contraprestación, y además pagaba 1.600 euros por una plaza privada en la residencia. En esta misma situación se encuentra alrededor de otros cincuenta usuarios de la residencia, aunque esta es la primera sentencia, ya que se han presentado las demandas a nivel individual.

 

La sentencia es inapelable, sin posiblidad alguna de recurso, y ha sentando así precedente ante las distintas demandas presentadas.

 

Según ha informado Rodero, esta sentencia dictamina “que la actuación de la Diputación en la gestión de la residencia, recoge irregularidades, pudiendo incluso incurrir contre el artículo 43 de la Ley de Dependencia, por supuesto uso indebido de fondos públicos”. Del mismo modo -manifestaba el procurador del Las Cortes- “la sentencia hace responsable máxima de lo que ha ocurrido y de la gestión la residencia a la Junta de Castilla y León como garante de las prestaciones de dependencia, conforme a la Ley, y que se emplén los fondos públicos que para ella se destinan”, aunque, la Junta lo que hace “es diferir el déficit de los Servicios Sociales a las entidades locales”, matizaba

 

ANTECEDENTES Y SENTENCIA

 

Ferando Rodero, ha recordado que esta sentencia hace referencia “a que varios usuarios de la Residencia Infantas Elena y Cristina, habían sido calificados como dependientes en distintos niveles, y cuando éstos solicitaron esos beneficios les dijeron que nos les correspondían porque ya estaban en una residencia pública.”

 

Los afectados por su parte, alegaron que ellos pagaban íntegramente una “plaza privada con un coste de 1.600 euros”

 

Al serles negada esta contraprestación, “que sí cobraba la Junta por ellos, al haber sido declarados dependientes”, los familiares de uno de los usuarios presentaron una demandan ante la que el Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia y se refiere a la misma de la siguiente manera:

 

“Es injusto y no está ajustado a derecho el pago de 1.600 euros por parte de este usuario, ya que el máximo que se debe pagar son 721 euros, dependiendo de la capacidad económica del mismo, incluso antes de ser declarados dependientes”

 

“Por esta sentencia, la Diputación se verá obligada a devolver más de 14.000 euros a los familiares del usuario por el periodo que este estuvo en la residencia, entre junio de 2007 y enero de 2009, momento en el que el usuario fallece. Siendo esta cantidad la diferencia entre lo que había pagado y lo que tenía que pagar”, afirmaba Rodero.

 

Para los socialistas, esta sentencia avala la petición que ya realizó hace unos meses su portavoz, Tomás Blanco, pidiendo la dimisión de la dirección de la Residencia Infantas Elena y Cristina. Además, esta residencia está provocando un déficil de casi 5 millones de euros anuales, lo que es intolerable” - ha dicho-

 

Rodero informaba que en la actualidad, de las 150 capas de las que dispone la residencia, entre 75 y 80 están vacías y sin embargo hace unos días se ha aprobado una Ley de Discapacidad. Todo un pabellón está cerrado y se está perdiendo una ocasión de oro para la provincia, para pacientes de larga evolución que necesitan estos servicios socio-sanitarios y que no los tienen”.