El PSOE pide al Ayuntamiento que cobre los perjuicios del Decathlon de la fianza de PADECASA

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila Juan Antonio Chamorro ha pedido al consistorio de la capital que exija responsabilidades a la empresa promotora del Decathlon, PADECASA, y que realice una evaluación económica del perjuicio de la resolución del contrato para descontarla de la fianza.

Chamorro considera que “en el tema de Decathlon y Padecasa, el equipo de gobierno no ha hecho bien los deberes y ha perdido demasiado tiempo. Ya en octubre del año pasado, en el pleno, instamos al alcalde a que no se demorase más y rompiera el vínculo con la empresa adjudicataria de las obras de este nuevo enclave comercial. Sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora, con el consiguiente perjuicio para el consistorio y los abulenses”.


Al final, ha sido la propia Padecasa la que ha pedido la resolución del contrato. Hemos perdido más de dos años y hemos impedido que otros agentes pudieran haberse interesado por instalarse en ese espacio”, señala el concejal socialista, para quien “la respuesta desde el equipo de gobierno es que el culpable de que el proyecto no haya cuajado ha sido el operador comercial. Pero el ayuntamiento, con quien tiene el vínculo contractual es con Padecasa, y es a esta empresa a quien hay que pedir responsabilidad, y ella, a su vez, que lo repercuta a Decathlon”.


Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que el perjuicio puede y debe cuantificarse porque, "a nuestro juicio, el coste no es cero tal y como indica la resolución. Entre otras cuestiones que pueden cifrarse encontramos el incremento del número de edificaciones en la zona, contemplada por la octava modificación del PGOU, que generaría unas plusvalías”.

 

Por ello, solicitan una valoración económica del perjuicio que se pueda haber ocasionado al Ayuntamiento y que este se compense con parte de la fianza depositada en su momento por PADECASA y cifrada en 290.000 euros.

 

Por su parte, la portavoz socialista Yolanda Vázquez, ha incidido en que “se trata de una resolución tardía, que ha dejado muchas expectativas frustradas y en la que además, el equipo de gobierno incurre en contradicciones a la hora de argumentar sus tesis en este asunto”.