El PSOE estima en 23 millones de euros el pago de condenas judiciales a Sacyl

Considera como principal causa del gasto la "mala gestión" del consejero.

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista Mercedes ha acusado este jueves al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, de "enmascarar los brutales e injustos" recortes en la sanidad pública llevados a cabo en 2012 y 2013.

 

Al respecto, Mercedes Martín ha explicado que la "mala gestión" del consejero le cuesta a Castilla y León "más de 23 millones en condenas judiciales", a lo que hay que "añadir los más de 250.000 euros" que la Junta "se ha visto obligada" a abonar en concepto de costas procesales como consecuencia de fallos judiciales.

 

Para Mercedes Martín el número de procedimientos judiciales que afectan al Sacyl durante los dos últimos años, pero sobre todo los más de 23 millones que la Junta se ha visto obligada a pagar por sentencias contra la Gerencia Regional de Salud a lo largo de 2012 y 2013 desmienten categóricamente al consejero de Sanidad cuando habla de una gestión dirigida a incrementar la eficiencia del sistema público de sanidad y de rigor en la utilización de los recursos públicos.

 

"Cuando el Gobierno del PP en Castilla habla de incremento de la eficiencia del sistema público de sanidad todo sabemos que se refiere a los brutales e injustos recortes que han deteriorado enormemente la calidad y el prestigio" de la sanidad pública", ha manifestado la portavoz socialista de Sanidad.

 

Según los datos a los que ha tenido acceso el PSOE, con motivo de la pregunta sobre el número de procedimientos judiciales que afectan al Sacyl, la Junta "ha reconocido" que en concepto de condena principal ha tenido que pagar 5 millones de euros en el año 2012 y 17 millones este año, "debido en gran parte a las consecuencias de los recortes que han
supuesto un aumento de las listas de espera a la vez que una disminución de profesionales y recursos sanitarios", según ha precisado Martín.

 

Por lo que respecta al importe que ha tenido que hacer frente la Administración como consecuencia de fallos judiciales, en concepto de costas procesales, ha sido un total de 116.384,34 euros en 2012 y 133.725, 78 en 2013.