El PSOE denuncia que la Ley de Seguridad Privada perjudica a la Escuela de Policía de Ávila

El diputado del PSOE, Pedro Muñoz, ha denunciado que la nueva Ley de Seguridad Privada supone dar la espalda a la Escuela de Policía de Ávila, donde cada vez será menor el número de policías que se formen, a la vez que se reducirán aún más las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ávila.

La nueva normativa, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y de la que Pedro Muñoz ha sido ponente del PSOE, abre la posibilidad de que vigilantes privados realicen funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como patrullar en espacios abiertos o realizar detenciones y registros en la vía pública ante un flagrante delito.

 

De este modo, según el diputado abulense, “a la tasa de reposición de solo el diez por ciento en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ha impuesto el Gobierno del PP, lo que ha reducido los guardias civiles y policías en prácticas en Ávila, se une ahora la posibilidad de privatización encubierta de la seguridad de los ciudadanos”.

 

 

Para Pedro Muñoz, la nueva normativa del Gobierno de Rajoy “reducirá los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vía pública, y sustituirá sus efectivos por contratos de servicios en los que las retribuciones salariales asociadas a sus vigilantes caerán considerablemente, y también su cualificación”.

 

Se trata de “un modelo de negocio, como ha reconocido el propio ministro del Interior,  que beneficiará a los “lobbys populares” próximos al poder, al margen de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos”, por lo que “habrá una seguridad para ricos, para quienes puedan pagarla y no para el conjunto de los ciudadanos”.

 

El diputado socialista también ha criticado que ““el Partido Popular mercantiliza el derecho constitucional a la seguridad, que refleja el artículo 17.1 de la Carta Magna”, al tiempo que “rompe la definición de seguridad ciudadana como servicio público, pues estará sujeta a criterios económicos, con el peligro que conlleva”.

 

“La seguridad privada debe, como ha venido haciendo hasta ahora, colaborar con la pública, no ocupar su espacio”, ha apuntado Pedro Muñoz, para quien “el Gobierno le está dando a la privada un carácter de autoridad judicial que no debería”.